El Consistorio de San Javier evaluará 5 planes urbanísticos antes de fin de año
El PP defiende que los trámites ambientales serán «más ágiles» y el PSOE critica la cesión de competencias por parte del Gobierno regional
Una promoción de viviendas en la Hacienda de Roda, la casona de 1.610 propiedad de los herederos del marqués de Rozalejo, será uno de ... los primeros desarrollos urbanísticos con los que el Ayuntamiento de San Javier estrene sus nuevas competencias ambientales. El concejal de Urbanismo, Antonio Martínez, calcula que serán cinco los desarrollos urbanísticos que hasta final de año tendrá que evaluar el Consistorio, entre ellos la creación de naves industriales en un polígono de 500.000 metros cuadrados propiedad de la empresa Himoinsa, en las inmediaciones de su planta junto a la autovía del Mar Menor.
La promoción de viviendas en unos terrenos de 17.498 metros cuadrados en la Hacienda de Roda también podrá salir adelante con el sello municipal. Los herederos del marqués de Rozalejo promueven esta urbanización junto a la casona adherida a la ermita de Roda, cuya construcción se atribuye al arquitecto Jaime Bort, que diseñó la fachada de la Catedral de Murcia. En los últimos años, varias urbanizaciones han crecido alrededor de la finca histórica y la pinada.
A partir de ahora, la administración local podrá emitir los estudios de impacto ambiental de los planes urbanísticos de iniciativa privada, en lugar de enviarlos a la Comunidad Autónoma para su examen en materia de medio ambiente. La mayoría de votos del PP permitió aprobar la medida en el Pleno celebrado esta semana, frente a la negativa del PSOE, la abstención de Vox y el voto a favor de Pleamar. «Es un nuevo alarde de incompetencia del PP en el Gobierno regional, que no asume sus responsabilidad y descarga este trabajo en el Ayuntamiento», criticó el portavoz socialista, Pedro Górriz. El edil destacó que «esa evaluación ambiental debe permanecer bajo un control ajeno» al Ayuntamiento.
Advirtió, además, de «la carga de trabajo, sobre un 17% de la jornada laboral de los funcionarios», que supondrá en el Consistorio. Por su parte, el edil Martínez defendió el acuerdo con el Gobierno regional como «uno de los más importantes de la legislatura, porque el Ayuntamiento será órgano ambiental, lo que agilizará trámites y nos permitirá coordinar los desarrollos con nuestra normas subsidiarias». Según el responsable, «los interesados se quejan a veces de la lentitud que ocasiona esta duplicidad» y recordó que habrá «una comisión de seguimiento, presidida por el director general de Medio Ambiente y el alcalde, con técnicos y jurídicos de las dos administraciones».
Formación específica
Además, los técnicos municipales tendrán que recibir formación específica para elaborar los estudios de impacto ambiental, pero no podrán emitir dictámenes ambientales sobre planes parciales o que supongan una modificación de las normas urbanísticas, que seguirán siendo competencia regional.
Las corporaciones de Águilas, Mazarrón y Alcantarilla ya cuentan con estas competencias, solicitadas voluntariamente tras el ofrecimiento del Gobierno regional a los municipios de menos de 50.000 habitantes.
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