El Consistorio cree que Urdemasa usó con engaños un aval para un préstamo

Si hace falta, el Ayuntamiento de San Javier está dispuesto a llevar a los tribunales a Urdemasa, la empresa adjudicataria de la explotación de los dos únicos aparcamientos de la localidad. La mercantil solicitó al Consistorio constituir una hipoteca de 2,2 millones sobre las concesiones de los parkings, con el fin de afrontar las pérdidas derivadas de la explotación. Pero ahora se ha descubierto, con seis años de retraso, que la compañía utilizó el aval de esa concesión para obtener 5,5 millones. Un aparente abuso o engaño, que se descubrió en mayo de 2015, cuando Urdemasa solicitó renovar el préstamo hipotecario.

El trámite precisaba de los informes de la Secretaría y la Intervención, pero ambos detectaron «un incumplimiento» de las condiciones por las que el Pleno autorizó la citada operación. La constitución de la hipoteca fue aprobada en la sesión plenaria del 15 de diciembre de 2009 con los votos a favor de la Corporación socialista, que lideraba Josefa García, así como del PP y el CDL. Solo se abstuvieron los cuatro ediles independientes.

La decisión se adoptó porque la mercantil argumentó que «podría peligrar la viabilidad de la concesión y, con ello, la prestación del servicio público de aparcamiento». La autorización que aprobaron PSOE, PP y CDL era para un préstamo de 2.245.553 euros, el valor máximo de las dos concesiones, con el que se debía cubrir la deuda derivada de la construcción de los parkings y de su explotación.

Sin embargo, el interventor alertó en su informe de que el importe final de la operación ascendió al doble: 5.540.000 euros. «Del estudio de la escritura de este préstamo hipotecario se desprende que se produjo una agregación de deudas de la mercantil, unas provenientes de la construcción de los aparcamientos y otras de otras operaciones».

Es decir, que la firma constructora aprovechó la coyuntura para pagar las deudas que se derivaban de los aparcamientos, pero también las generadas por otras operaciones que nada tenían que ver con ese asunto.

Se vulneró la ley

En esta misma línea abundó el informe de la Secretaría, al reprochar a la mercantil que en los dos escritos de solicitud que presentó nunca mencionó que «fuera a constituir una hipoteca de máximo» y que la operación garantizaría deudas «que nada tienen que ver con dichas obras ni con dicha concesión, incluso ni con dicha empresa, sino con otra ajena a la concesión». La cuenta especial de crédito se abrió en un banco a nombre de Urdemasa y Proydencosa.

Por todo ello, la secretaría considera que «se ha vulnerado la confianza del Pleno afirmando que se iba a hacer una cosa y haciendo después otra distinta y prohibida por ley». En concreto, denuncia «un incumplimiento» de la Ley de Contratos del Sector Público y afirma que el acuerdo del Pleno de 2009 es «un caso de nulidad radical o absoluta, sin límite temporal, contra la hipoteca constituida por la mercantil Urdemasa».

El perjuicio para el Consistorio es evidente, pues Intervención advierte de que los dos aparcamientos «no quedarían libres de cargas hasta que no se cancelara el total del préstamo».

El primer parking se le adjudicó en 2002, por 50 años, y el segundo en 2005, por 40 años. La Secretaría subraya que «no puede, en definitiva, admitirse que los acreedores de Urdemasa tengan la posibilidad de controlar los ingresos que produce la explotación de los dos aparcamientos públicos, para con ellos reintegrarse créditos que la concesionaria haya obtenido para deudas que no tengan que ver con las concesiones». Como era de esperar se le negó a la mercantil la renovación de la operación y en diciembre de 2015 se le notificó un acuerdo del Pleno, que le daba un mes de plazo para «rectificar la hipoteca».

Segunda oportunidad

Agustín Martínez, en representación de la mercantil, contestó con un recurso de reposición, alegando que «si Urdemasa cumple sus pagos, como hasta ahora, la hipoteca quedará cancelada en su día». Defendió que no se ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público, porque la fórmula de financiación escogida «está perfectamente admitida por nuestra legislación hipotecaria».

El recurso fue desestimado en el Pleno de febrero, en el que también se acordó por unanimidad de los grupos municipales «ejercitar la acción de nulidad contra la hipoteca» y que la «responsabilidad hipotecaria se rebaje», pasando de 5.540.000 euros a 2.245.553 euros, que es el valor de las concesiones de los aparcamientos. Desde la Alcaldía indicaron ayer que están dispuestos «a recurrir a los tribunales», si el contrato de hipoteca no se modifica en el plazo de un mes.