Salud prioriza a expertos contrarios a la eutanasia en el comité que aplicará la ley

Entre los contrarios a la nueva ley se encuentra el catedrático de Medicina Legal Aurelio Luna, quien firmó un manifiesto en el que se señalaba que «la medicina nunca debe causar ni provocar la muerte de manera intencionada». También se sitúa en esta línea Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica y catedrático de la UCAM, que ha sido propuesto por el Colegio de Enfermería. En un artículo publicado en LA VERDAD con motivo de la aprobación de la Ley de Eutanasia, este experto aseguraba que «con auténtica alevosía, premeditación y sin nocturnidad se retoman los trámites para legalizar lo que humanamente es el acto más reprobable de nuestra existencia: acabar con una vida».

Preguntado sobre su presencia en la comisión, Gómez subraya que las posiciones de cada miembro «no tienen por qué afectar para nada», ya que su papel será «verificar que los procedimientos son correctos, que hay unas garantías éticas en el proceso». «Hay objetores de conciencia a la totalidad; yo lo sería a administrar los medicamentos que causan la muerte, pero creo que sí hay que participar en el proceso deliberativo», reflexiona.

Por su parte, Aurelio Luna puntualiza que, «una vez promulgada, la ley hay que aplicarla, evidentemente», aunque en su opinión sea «inoportuna». La comisión, señala, «no está para restringir ningún derecho sino para garantizar que se aplique la ley».

La ley establece que la Comisión de Garantías y Evaluación debe contar con médicos, juristas y enfermeros, pero Salud ha optado por incluir también a una especialista en Farmacia Hospitalaria, Ana Aranda, que es asesora en el comité regional de ética asistencial y se ha mostrado muy activa en las redes sociales contra la eutanasia. «Triste, un día muy triste este 17 de diciembre», escribió en Twitter tras la aprobación de la norma en el Congreso de los Diputados con los únicos votos en contra de PP y Vox.

La presencia de expertos contrarios a la ley contrasta con las ausencias de quienes de forma más clara se han declarado favorables a la regulación de la eutanasia. Así, la Consejería no ha contado con Rafael Pacheco, especialista en Medicina Legal y uno de los principales expertos en la Región en el campo de la bioética. Tampoco ha sido incluido José Ramón Salcedo, fundador del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud (Cebes) de la UMU.

De los once expertos que compondrán el comité, tres han sido propuestos por colegios profesionales: Carmelo Gómez (enfermeros), Virginia Izura (médicos) y Leticia Hernández (abogados). El resto son nombramientos discrecionales de la Consejería. La mayoría pertenecen al comité de ética asistencial Gómez Rubí, como Joaquín Jiménez, médico de Urgencias en el Rafael Méndez; Juana María Marín, médico de Urgencias de La Arrixaca; y José Manuel Allegue, ex director gerente del SMS y jefe de servicio de la UCI del Santa Lucía. Todos estos facultativos tienen en común su amplia experiencia y una visión profesional alejada de posicionamientos de marcado carácter ideológico. A ellos se suman las juristas Caridad del Toro, asesora jurídica del Morales Meseguer; Verónica Alarcón y Leticia Hernández, así como la enfermera Pilar Ferrer.

Sobre la selección de candidatos, la Consejería señala que «han sido seleccionados aquellos profesionales que poseen formación acreditada y experiencia en ética asistencial y bioética». Además, «pertenecen en su mayoría a las instituciones sanitarias públicas y más representativas de la Región». Una Orden del pasado 5 de junio regula el «régimen jurídico, composición, organización y funciones de la Comisión Regional de Garantía y Evaluación de la prestación de ayuda para morir en la Región de Murcia». Una vez que el consejero apruebe los nombramientos, el nuevo órgano se reunirá para elegir un presidente y para aprobar su régimen interno.

La ley fijó un plazo de tres meses para su puesta en marcha. Esto significa que, a partir del próximo 25, cualquier ciudadano de la Región que cumpla con los criterios previstos en la norma podrá solicitar acogerse a la eutanasia. Pese a la premura de los tiempos, finalmente nada impide a la Consejería llegar a tiempo, porque la Comisión quedará constituida en días.