Los retrasos en los juzgados generan pérdidas de hasta 1.500 millones al año

Las consecuencias de los retrasos que sufre la Administración de Justicia son muchas, variadas y, en muchas ocasiones, saltan a las portadas de los diarios. El perjuicio que supone la lentitud del sistema para la economía es, sin embargo, una incógnita que aún queda por aclarar. El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, abrió ayer ese melón durante un acto que el Colegio de Economistas de Murcia celebró en el hotel NH Amistad.

El líder de la magistratura murciana explicó que diversos estudios apuntan a que la influencia negativa de un sistema judicial ineficaz afecta a hasta 4 o 5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB). Tomando este cálculo de base, Pasqual del Riquelme aseguró que las ineficiencias de la Justicia pueden generar cada año en la Región unas pérdidas de hasta unos 1.500 millones de euros -un montante similar al del gasto regional en educación-. «La Región de Murcia no puede permitirse el lujo de tener una Justicia demasiado lenta, que desincentive la creación de valor o el número de transacciones de nuestra economía regional», subrayó.

A día de hoy el tiempo medio para resolver una disputa comercial en todo el país, según explicó, es de media de 16,4 meses. Un plazo que apenas ha disminuido un 1% en los últimos quince años y que, obviamente, tiene sus consecuencias en la economía nacional y regional. Actualmente, recordó, el Consejo Económico y Social (CES) está preparando un informe sobre el alcance del impacto.

Según enfatizó Pasqual del Riquelme durante su intervención, Murcia es la comunidad número 16 de 17 en el índice de facilidad para hacer negocios que elabora el Banco Mundial -'Doing Business'-. «Es difícil saber cuál es la contribución concreta de este factor en el mal resultado de la Región, pero de lo que no hay duda es que es un factor que incide tanto en la atracción de inversores como en el rendimiento de los negocios instalados en la Región», incidió.

El buen funcionamiento de este servicio público, remarcó, tiene un impacto positivo a escala local sobre el flujo de entrada de nuevas empresas, el tamaño de las mismas, su capacidad de crecimiento y su grado de especialización. «En aquellas provincias donde el sistema judicial funciona mejor, la tasa de entrada de nuevas empresas es más elevada, y viceversa», recalcó.

A lo largo de su intervención, el presidente del TSJ explicó que, a comienzos del pasado octubre, la cifra de dinero que estaba consignado en cuentas de depósito alcanzaba en España los 4.235 millones de euros. En el caso de la Región, explicó, eran 114 millones.