El retraso de los dos grandes juicios del Mar Menor inquieta a Fiscalía y ecologistas

El retraso en sentar en el banquillo a los procesados por hechos ocurridos en distintas localidades del Campo de Cartagena entre 2010 y 2017 ha generado preocupación en la Fiscalía y en las organizaciones ecologistas personadas en las diligencias penales como acusación particular. Temen que la lentitud de la Administración de Justicia genere derechos a los investigados en cuanto a la posible aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, en caso de sentencias condenatorias, y que ello rebaje de forma significativa las eventuales penas.

En el caso de las compañías agrícolas y sus representantes legales, a la vista de los indicios recabados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y por técnicos de la CHS, el fiscal especial de Medio Ambiente y Urbanismo en la Región, Miguel de Mata, ha pedido penas de prisión de entre cinco meses y seis años, además de multas multimillonarias. Además, ha solicitado un año y nueve meses de cárcel y de nueve años de inhabilitación para Cerdá, consejero durante la Presidencia de Ramón Luis Valcárcel (del PP), y para Aldeguer, a quienes atribuye una dejación de funciones que contribuyó a la contaminación del acuífero y del Mar Menor. Les achaca haber permitido los vertidos de aguas con altas concentraciones de nitratos y salmuera y, con ello, una degradación «irreversible y catastrófica».

«Nos hacemos cargo del colapso de la agenda de la Audiencia Provincial. Pero el retraso en el señalamiento de estos juicios sobre el Mar Menor nos preocupa, por su trascendencia penal y social. Es deseable una especial diligencia y celeridad en la fijación de las fechas de celebración de las vistas orales, para que los plazos no sigan aumentando y se evite el riesgo de posibles dilaciones indebidas», indicaron ayer fuentes de la Fiscalía regional a LA VERDAD.

Ya el 20 de septiembre, el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, destacó que el Ministerio Público está «a la espera de que la Audiencia Provincial fije fecha para el juicio oral» en esos asuntos, que la Audiencia ordenó en enero de 2023 abordar por separado. En la apertura del Año judicial, Díaz Manzanera añadió que su organismo ya ha remitido siete escritos de acusación en una tercera pieza, que afecta a 37 empresas en los juzgados de Cartagena y San Javier, y aguarda a los señalamientos. Eso corresponde a la Audiencia y a los tres juzgados de Lo Penal de Cartagena.

El fiscal volvió a denunciar que la Justicia «sigue siendo una gran asignatura pendiente», entre otros motivos por los «retrasos inadmisibles que alargan endémicamente los procedimientos» y que provocan la aplicación de atenuantes. «Esto puede generar una idea de la que hay que huir, la de la impunidad, porque eso es tanto como reconocer algo muy triste: el fracaso derivado de la ineficacia de la Administración de Justicia», advirtió, en el contexto de la polémica por el acuerdo de conformidad para siete empresarios que prostituyeron a menores en Murcia, respecto a los que la Fiscalía y la Audiencia estudian no suspender la entrada en la cárcel. El fiscal solicitó más medios humanos y materiales (lo que depende del Ministerio de Justicia) y garantizó la defensa de los derechos de todas las partes, también los investigados, en todos los procedimientos.

Sobre 'Topillo', el abogado de Greenpeace, Eduardo Salazar, mostró su «inquietud» por las demoras, teniendo en cuenta que «las dilaciones indebidas están a la orden del día y que cabe el riesgo de que las penas se queden en nada». «Siempre se dice que la justicia tardía no es justicia y, en el Mar Menor, hablamos de hechos que en algunos casos se remontan a hace más de una década», añadió el letrado de la organización ambientalista, que ejerce la acusación particular en 'Topillo'.

En las dos primeras piezas de este procedimiento también están presentes la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y SEO Birdlife, representados de forma conjunta por el letrado Ginés Ruiz Maciá. Fuentes de estas organizaciones coincidieron en su «preocupación» por los efectos negativos a nivel jurídico, de «ejemplaridad» y de «confianza de los ciudadanos en la Justicia».

Ven «fundamental» no dilatar más la celebración de los juicios «por unos hechos gravísimos, reconocidos ya por un empresario agrícola», indicaron sobre la sentencia condenatoria en la primera vista de 'Topillo', el pasado 17 de septiembre en Cartagena. Ello, dentro la tercera pieza separada, que afecta a 34 compañías en los juzgados de esta ciudad y de San Javier. También apuntaron la relevancia de que el reproche penal incluya «indemnizaciones de cuantías elevadas», para cubrir, «al menos en parte», el gasto de cientos de millones de euros de dinero público en la restauración ecológica del Mar Menor y su cuenca.

Hasta el momento, de las tres piezas en que la Audiencia Provincial ha separado el 'caso Topillo' solo se ha celebrado en la Región de Murcia un juicio. Fue el que se saldó, el 17 de septiembre, en el Juzgado de Lo Penal 3 con la condena a un empresario agrícola de La Puebla a un año de prisión y el pago de 18.000 euros por el vertido de 68.000 metros cúbicos de aguas cargadas de nitratos y salmuera desde una desaladora clandestina al Mar Menor. Lo hizo entre los años 2015 y 2017 a través del salmueroducto de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que este organismo acabó desmantelando para atajar los derrames.

El Ministerio Público y la defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad, por el que el acusado reconoció los hechos, que constituyen un delito contra el medio ambiente por imprudencia grave. Se comprometió a abonar la indemnización y la multa en diez días y vio rebajada la petición de pena en once meses. Al ser la condena inferior a dos años y no tener antecedentes penales, el empresario evita la cárcel, una suspensión condicionada además a que no cometa otro delito en el plazo de dos años.

Según fuentes de la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha fijado los siguientes juicios orales los días 24 y 25 de septiembre y 6 y 8 de octubre de 2025. En ambos casos, el Ministerio Público ha solicitado para los acusados penas de siete años de prisión por un delito ambiental con dolo (conocimiento del ilícito penal y voluntad de cometer ese acto). En las primeras diligencias, reclamará el pago de una indemnización de 78.000 euros y en las segundas, de 497.000 euros.

Greenpeace, Pacto por el Mar Menor y otras entidades están personado como acusación particular en algunos procedimientos de esta tercera pieza de 'Topillo'.