Las tres principales asociaciones de residencias de ancianos en la Región (Adermur, Lares y Arsalu) mantuvieron el pasado martes una reunión con la consejera de Política Social y vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, que terminó como el rosario de la aurora. Las asociaciones comenzaron señalando que «la difícil situación que atraviesan los centros en estos momentos –con más de 400 casos positivos en once residencias y 23 fallecidos en la segunda ola– se debe fundamentalmente a la falta de apoyo institucional al sector». Según un duro comunicado, Franco respondió que «no estaba conforme con nuestras afirmaciones y que, si queríamos denunciar la situación, que lo hiciéramos, levantándose en ese momento de la reunión, apenas cinco minutos de haber comenzado, y saliendo abruptamente por la puerta», explican los representantes de las asociaciones, aún atónitos por el «plantón».
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Las tres asociaciones, de las que dependen un total de 4.268 ancianos en la Región y 2.866 profesionales, creen que esta actuación de la consejera Franco «no está a la altura del puesto que representa y supone un menosprecio al sector, además de dañar la imagen del partido al que representa y del Gobierno regional, ya de por sí bastante deteriorada a los ojos de este sector por la falta de respuesta a sus ruegos desde el inicio de la pandemia», indica el comunicado.
Para las asociaciones, el 'portazo' de Franco deja entrever además «una ruptura en toda regla con los agentes sociales más relevantes de las residencias de ancianos, con sus trabajadores, y con las personas mayores que reciben los cuidados en dichos centros, así como con los familiares de los mismos».
«Mención aparte merece el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)», según los representantes del sector, que acusan al departamento dirigido por Raquel Cancela de «mantener una actitud errática durante todo este período, fruto del desconocimiento por parte de sus dirigentes políticos de la realidad de las residencias». Esto, a juicio de las tres asociaciones, «no ha hecho sino sumir a los centros en un maremágnum de instrucciones confusas y contradictorias, las cuales no han hecho sino agravar la situación de las mismas».
Explican también que son los centros los que llevan haciendo frente a la pandemia «sin descanso» desde marzo y piden al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que «nos reciba cuanto antes para solucionar nuestros problemas». Recuerdan además que «los ancianos que viven en las residencias de la Región son también murcianos de plenos derecho, y por el mero hecho de vivir en nuestros centros no pierden esos derechos. Tienen derecho a ser hospitalizados si se ponen enfermos. Y nuestros centros no pueden ni deben, en ningún caso, sustituir a los hospitales».
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El sindicato CC OO denunció este miércoles «la situación que sufren nuestros mayores» en geriátricos privados de la Región. Según la organización, la pandemia ha hecho más evidente que la atención a las personas mayores «es deficiente por la escasez de recursos humanos y materiales, siendo además las retribuciones del personal que trabaja en residencias privadas muy inferiores a las retribuciones de la administración pública». CC OO señala que «el personal que se ha enviado desde el SMS como apoyo en dichas residencias se ha quejado de la situación de precariedad laboral, desorganización en turnos de trabajo y escasas medidas de protección». Por ello, reclamó este miércoles que se ofrezcan contratos con buenas condiciones laborales y que los servicios públicos asuman la atención a las personas mayores.
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