Una Región para sobrevivir al cambio climático

Nada de lo que conocemos deberá ser igual en un futuro no muy lejano. Las catástrofes climáticas se acrecientan por el calentamiento global y lo que antes ocurría cada mucho tiempo, hoy se produce cada poco. La cuenca mediterránea, y concretamente el Sureste español, está catalogada desde hace décadas como un territorio en riesgo de sufrir las mayores consecuencias de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que conlleva sequías más prolongadas y mayores inundaciones por lluvias torrenciales. La virulencia de la DANA que ha atravesado estos días España nos ha hecho ver de lo que son capaces estos fenómenos si detrás está el cambio climático.

LA VERDAD ofrece la visión de expertos en diversos campos, que dibujan con sus recomendaciones cómo debería ser la Región de Murcia del futuro a corto y medio plazo para adaptarse al peor de los escenarios climáticos. Un primer apunte lo hace el catedrático de Economía Aplicada José Miguel Martínez Paz, quien recuerda que el tiempo que se invierta ahora en preparar planes y programas de mitigación y prevención del efecto de las inundaciones «evitará costes futuros, lo que sin duda arroja una elevada rentabilidad socioeconómica de las inversiones en estas políticas públicas».

Las inundaciones en Valencia provocarán, apuntan los expertos, la necesidad de acelerar planes, obras pendientes y revisiones sobre lo que se ha hecho hasta ahora en la Comunidad. «Creo que la mayoría de los murcianos que viven en una zona inundable lo desconocen, entre otras cosas porque no existe la cultura del riesgo, pero tampoco formación específica», lamenta Alfredo Pérez, profesor de Geografía Humana en la UMU. El gran desarrollo urbanístico de los años 60 y 70 se extendió por zonas que tradicionalmente tenían riesgo de inundación; ahora, la normativa es mucho más estricta, con medidas para reducir daños por acumulación de agua o incluso prohibiciones para determinados usos en zonas donde existen corrientes de agua. «Se debe repensar cómo ejecutar el espacio público con medidas basadas en la naturaleza que hagan más permeable el suelo y mitiguen el flujo de agua en las escorrentías provocadas por lluvias torrenciales», reconoce Juan Pedro Sanz, vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.

Juan Tomás García Bermejo, director de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cartagena, destaca la importancia de tener en cuenta los mapas de zonas inundables en los planes de desarrollo urbano y de construcción de nuevas viviendas, «y que en nuestros ayuntamientos se consideren tanto dichos planos como las medidas para reducir la vulnerabilidad frente a dichos niveles de inundación».

La agricultura es el sector económico regional más expuesto a las consecuencias del cambio climático. Desde la erosión del suelo hasta la mayor presencia de plagas, la actividad es la que más recorrido debe hacer para adaptarse. Gonzalo González, investigador del Cebas-CSIC, trabaja en desarrollar tres líneas de actuación en una finca del Campo de Cartagena para tratar este problema: mejora de la cantidad de carbono orgánico en el suelo para facilitar la infiltración de agua de escorrentía en el suelo, generar cubiertas verdes espontáneas o con cebada en parcelas con parón en la producción y preparar trincheras o zanjas perimetrales para reducir arrastres.

Para Emilio Cobos, decano accidental del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Región, desde el punto de vista de la prevención es «fundamental» establecer una red de drenaje perfectamente diseñada para evacuar las aguas provenientes de arrastres o sobrantes a nivel de parcela. Al margen de estas soluciones, el ingeniero pide otras como una ley de ordenación del sector agrario o cambios normativos en la próxima planificación hidrológica del Segura a partir de 2027, que permitan «aprovechar las aguas torrenciales en las explotaciones agrarias» almacenándolas en infraestructuras.

Los estudios genéticos, por otra parte, han permitido desarrollar variedades que logran ampliar los calendarios de cosecha con producciones tempranas o tardías, esquivando así periodos anuales muy propensos a tener una climatología adversa, agravada por el cambio climático. Un avance que señala Andrés Martínez, director del Imida, es que su centro ha aumentado la oferta varietal de plantas aromáticas, uva de mesa y de vinificación, hortícola, limonero, mandarino, lima o pomelo, fruta de hueso, entre otros, «para diversificar su producción y mejorar su adaptación a las condiciones de cultivo».

El diseño arquitectónico y la ordenación del territorio copan el protagonismo de la adaptación de la sociedad y su forma de vida a las complicaciones del calentamiento global. Juan Pedro Sanz, vicedecano del Colegio de Arquitectos de Murcia, opina que se deberá trabajar a tres escalas: la urbanística, la urbanización y la edificatoria. En esta última, plantea cubiertas vegetales para reducir el aporte de caudal al espacio público desde las azoteas; edificar aparcamientos en la planta baja o en el primer piso para no construir sótanos o elevar los accesos a las plantas bajas para impedir la entrada de agua. Añade, además, la idea de ejecutar edificios «a modo de refugios para la población que habite en zonas de alto riesgo en episodios de lluvias torrenciales».

El profesor de la Politécnica Juan Tomás García añade que el uso comercial y no residencial en la planta baja de las viviendas es otra posible solución. En lo que se refiere al urbanismo, «es necesario» que los futuros edificios para viviendas en zonas inundables estén en «una cota que no se vean afectados por la avenida», remarca el ingeniero, quien cree que «es muy importante planificar en todos los tipos de suelo las medidas que contribuyan a que las zonas residenciales sean menos vulnerables, tanto en los futuros desarrollos como en los actuales. Esa es la clave».

Los eventos meteorológicos y climáticos extremos obligarán a diversificar funcionalmente nuestros bosques y matorrales. Miguel Ángel Esteve, catedrático de Ecología de la UMU, apunta en una clara dirección: hay que reformular los espacios forestales para hacerlos «climáticamente inteligentes». Las cuencas altas, las ramblas y las riberas de ríos deben estar «bien revejetadas» con especies resilientes, e ir quitando parte de aquellas que hasta ahora han sido dominantes, como el pino. «Esto haría que la epidermis forestal de los sistemas de sierra pudiera atemperar mejor las lluvias torrenciales».

Esteve pone cifras a la «cirugía forestal» que se debe hacer para adaptar el medio natural: actuar sobre las 100.000 hectáreas forestales de la Región más vulnerables al cambio climático durante los próximos diez años, e invertir en ellas 50 millones de euros anuales (ahora se presupuestan menos de diez millones).

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, pone el acento en que marjales, marismas o charcas se encuentran colapsados en la Comunidad por la entrada de nutrientes agrícolas y la presencia descontrolada de cañas y carrizo. Propone controlar el regadío, fomentar el pastoreo y potenciar las especies ligadas a la salinidad de estos humedales. Jorge Sánchez, de la asociación Anse, apuesta por el bosque de ribera para reducir la velocidad del agua y evitar la pérdida de 70 millones de litros por kilómetro de río al año.

Todas las infraestructuras que se hicieron para prevenir grandes inundaciones en torno al río Segura o en la comarca del Guadalentín «funcionan muy bien», explica Francisco Alonso, director del Instituto del Agua y el Medio Ambiente de la UMU, «pero el problema ahora son las cuencas pequeñas, donde no se ha hecho nada, aunque tampoco es fácil hacer algo» dada la orografía del terreno, como el caso de la cuenca del arroyo de Letur. Muchas de las pequeñas presas construidas en montañas hace décadas «están colmatadas y sin mantenimiento».

Juan Tomás García, director de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPCT, cree necesario actuar sobre las partes más altas de esas cuencas, donde se necesitan «zonas de laminación que ayuden a la reducción de los caudales más elevados, que son los causantes de los mayores daños». La solución de los abancalamientos o aterrazamientos existentes en el Campo de Cartagena han sido «una solución llevada a cabo por el ser humano que ha contribuido enormemente a proteger las zonas de desagüe de las cuencas del Mar Menor y tantas otras».

García Bermejo remarca que un hecho bastante habitual es que las vías de escorrentía y los cauces «desagüen en las áreas urbanas en forma de abanico, generando inundaciones de riesgo grave». Para estos casos, apunta el experto, poder disponer de corredores verdes o zonas de paso para la escorrentía que permitan «proteger a las personas y que tengan funciones medioambientales, mejorando a su vez nuestras ciudades, son soluciones muy útiles».

El profesor de la UPCT Salvador García-Ayllón reflexionaba hace unos días en LA VERDAD que «las infraestructuras hidráulicas son imprescindibles, sobre todo en zonas ya construidas; pero no es responsable dar a entender que la única solución es ponerse a construir presas a diestro y siniestro. Hay zonas en la Región donde simplemente eso es imposible, porque son cuencas no reguladas con montones de ramblas medianas dispersas fuertemente antropizadas».

Intoxicación, alergias, hipotermias, enfermedades infecciosas trastorno de estrés postraumático. Estas son algunas de las consecuencias inmediatas para la salud que tienen las inundaciones. A medio o largo plazo, pueden llegar a aparecer enfermedades crónicas, discapacidad, problemas en los nacimientos, abortos, malnutrición infantil, deterioro de la salud mental o abuso de fármacos y drogas.

El pediatra Juan Antonio Ortega, jefe de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca, llevó a cabo un estudio pionero en España tras la DANA de 2019 y sus consecuencias en la población infantil de Los Alcázares. Entonces, el experto determinó que las inundaciones deterioran «de una forma muy significativa» la salud física, emocional, social y escolar de los niños y adolescentes, así como su propia calidad de vida.

Este tipo de investigaciones sobre el impacto a corto y largo plazo en la salud de las inundaciones «contribuyen a establecer y planificar estrategias de anticipación, mitigación y prevención de posibles efectos en la salud en futuros episodios, aumentan la resiliencia de las comunidades afectadas y ayudan en la priorización de la toma de decisiones». Esta semana, Ortega ha dado unas recomendaciones tras la DANA en Valencia para el cuidado de los niños, a quienes pide que beban agua embotellada, no estén cerca de basureros o escombros y utilicen mascarillas.

El 17% de las viviendas del litoral de la Región están en zonas inundables, recuerda el doctor en Geografía Daniel Moreno. Y un buen ejemplo de ello fueron las avenidas de agua que sufrió la urbanización Bahía en el Puerto de Mazarrón el domingo pasado. Edificar en estas zonas supone un riesgo que en caso de una DANA conllevaría daños a la estructura de las viviendas, una caída del valor comercial de estas casas y el peligro de que la imagen vacacional de esas poblaciones se vea «perjudicada por estos fenómenos».

El modelo de 'sol y playa' de la Costa Cálida no cuenta con un buen pronóstico, pero el impacto del cambio climático en el turismo «también puede verse como una oportunidad, si ese aumento de las temperaturas hace de impulsor de una mayor desestacionalización de la demanda, reforzando el carácter de la costa murciana como destino de costa todo el año», subraya José Miguel Martínez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia.

En la misma línea se pronuncia Moreno sobre diversificación de la oferta turística regional: «Con el cambio climático es necesario promover actividades de turismo cultural, gastronómico, y de naturaleza en zonas de interior que sean menos vulnerables a episodios de lluvias intensas, como visitas a bodegas, rutas gastronómicas, museos y centros de interpretación». Cree relevante, a su vez, informar a turistas y residentes sobre los planes de emergencia y las medidas preventivas en caso de fuertes lluvias, «lo que incrementa la confianza y la seguridad de visitantes y lugareños».

Los dos sectores económicos de la Región de Murcia que están condenados a enfrentarse a unas previsiones climáticas muy negras serán el turismo y la agricultura. El incremento de la irregularidad e intensificación de las precipitaciones conllevará más inundaciones y, por tanto, un aumento de los daños socioeconómicos. Esta situación, unida a la menor disponibilidad de agua y un mayor estrés hídrico del suelo por las altas temperaturas, podría provocar «la perdida de las ventajas que ofrecen los calendarios de producción en favor de zonas más septentrionales», apunta José Miguel Martínez Paz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. Un reciente trabajo científico -en el que participó este experto- determinó que el impacto de la crisis climática sobre la agricultura de regadío en la cuenca del Segura ocasionaría un déficit de entre el 7% y el 11% en el suministro de agua para riego y hasta un 7,4% de pérdida de superficie.

Ese incremento progresivo del calor durante el próximo siglo terminará afectando a la llegada de visitantes y el modelo de 'sol y playa' quedaría tocado en la Costa Cálida «en favor de temperaturas más moderadas en áreas de clima templado». Martínez Paz recuerda que un estudio del centro de investigaciones de la Comisión Europea señalaba a Murcia, junto con Baleares, «como las regiones españolas que verán más impactados negativamente su sector turístico por el incremento de las temperaturas en este siglo». El informe estimaba que la Región podría perder un 5% de turistas al año.

Más allá de los costes privados, el catedrático alerta del impacto económico de las inundaciones sobre las cuentas públicas: reconstrucción de infraestructuras, financiación de la asistencia social o disminución en la recaudación (exenciones fiscales o disminución de la actividad económica tras una catástrofe). «Son partidas a tener en cuenta en el balance socioeconómico del fenómeno».

El retraso en el desarrollo de determinados planes de ordenación urbanística en la Región de Murcia, junto a la lentitud de otros muchos protocolos municipales en revisión, y otros en vigor que tampoco reconocen las zonas inundables, son el gran lastre de la Comunidad para adaptar el urbanismo a un escenario climático adverso.

Para Francisco Alonso, del Instituto del Agua y el Medio Ambiente, las lluvias en la provincia de Valencia, que sobrepasaron los 600 litros/m2, deben obligarnos a abrir un debate sobre los actuales modelos estadísticos en los que se basan los mapas de zonas inundables, nutridos por datos que se han quedado o se quedarán desfasados en poco tiempo. «Hay que empezar a replantearse que a lo mejor no están bien, o que el periodo de retorno de 500 años (probabilidad de que se supere un determinado caudal máximo por lluvias) hay que aumentarlo un poco», explica.

García Bermejo, de la UPCT, piensa que esta discusión sobre la revisión dependería «de los daños que pueda causar la escorrentía y de lo que estemos dispuestos a asumir». Menciona el caso del reglamento que rige la seguridad en las presas: el actual contempla para aquellas infraestructuras cuya rotura puede ocasionar los mayores daños posibles un periodo de retorno de 10.000 años, mientras que el anterior era de 500 años.

Pero todos los expertos centran su mirada en lo que se anunció en 2020 pero sigue siendo solo una intención del Gobierno regional: el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación. Alfredo Pérez, profesor de Geografía Humana de la UMU, incide en su importancia: «Es como el equivalente a la Ley del Suelo nacional o la Ley de Ordenación del Territorio regional; debe marcar unas directrices generales para que los municipios no interpreten las normas urbanísticas en zonas inundables como consideren».

El Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor es otro ejemplo de parálisis legislativa en este campo. «Es vital recoger en dicho plan las partes del suelo por las que transcurren las escorrentías, delimitarlas y protegerlas en toda la cuenca vertiente a través de corredores verdes para mitigar los riesgos derivados de la inundación», afirma el director de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puerto.

Por otro lado, los planes generales municipales (PGOU) «indudablemente se tienen que adaptar a medida que las zonas inundables vayan cambiando», ratifica el geógrafo Pérez. «Aparentemente, podríamos atribuir que el aumento de las inundaciones va generado por el cambio climático, pero no es tanto eso como que hemos aumentado la exposición, sobre todo en zonas urbanas. Si se materializan las proyecciones, tendremos un problema con esa exposición a riadas y acumulación de agua. La actividad urbanística ha ido muy por delante de la identificación espacial de las zonas inundables», sentencia.

El Colegio de Arquitectos ve la misma solución, es decir, crear planes de ordenación territorial, de carácter supramunicipal, que tengan en cuenta las consideraciones geográficas a nivel comarcal.

El trabajo que le queda por delante a la industria regional debe enfocarse en la reducción de emisiones, el menor uso de combustibles fósiles o el rediseño de los grandes parques industriales. «La localización de zonas y centros de actividad a cierta distancia de los núcleos tradicionales dan lugar a emisiones por movilidad obligada. Los proyectos de industrias y actividades generadores de movilidad deben contemplar como objetivo alcanzar o contribuir a la movilidad sostenible, en este momento una movilidad electrificada», recuerda Francisco Victoria, ex jefe del Servicio de Fomento del Medio Ambiente de la Comunidad, en un trabajo para el Observatorio del Cambio Climático en Murcia. A la Región le queda todavía por desplegar un potencial en el desarrollo de energías renovables como la solar, la producción de hidrógeno verde o el biogás.

El último capítulo en este viaje por la adaptación de la Región de Murcia al cambio climático y sus consecuencias pasa por lograr que estos impactos climatológicos negativos que ya sufrimos calen en la ciudadanía, y sobre todo en los más jóvenes. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, aseguraba en una entrevista reciente en LA VERDAD que «desde luego, sí que se tiene que hacer algo» para que los mensajes por avisos meteorológicos «calen en la población». «Tiene que calar también que cuando los servicios meteorológicos emiten avisos de nivel rojo, el peligro es extremo -explicaba- y, por lo tanto, no se puede hacer vida normal. Es un incordio, es un fastidio, hay factores socioeconómicos y culturales que lo dificultan..., pero cuando hay un aviso rojo, la vida se tiene que ver alterada para buscar estar en lugar seguro. No viajar, no exponerse, alejarse de zonas inundables».

El delegado en Murcia de la Aemet, Juan Esteban Palenzuela, refleja que, cuando hay visitas de institutos a la sede de la agencia en Guadalupe, «tratamos de concienciarles y de explicarles que hay un fundamento científico detrás de las predicciones meteorológicas». Los profesionales de la institución les trasladan que «hay que tener en cuenta esos avisos». «Parece que es un tópico, pero las condiciones meteorológicas siempre nos afectan, aunque sea para ir a la playa a tomar el sol».

Palenzuela ve que concienciar, en general, a toda la sociedad «son palabras mayores» y percibe que la gente puede no sentirse vulnerable a esos avisos porque «no queremos que nada nos afecte a nuestra rutina diaria, pero luego efectivamente sí nos afecta». Lo comprobó, para bien, durante la DANA de septiembre de 2019 en la Región: «Hubo una reacción rápida por parte de todas las administraciones que estábamos implicadas y se tomaron medidas rápidas». El meteorólogo ve muy útil los avisos de Protección Civil, una forma de trasladar de forma instantánea a los móviles «qué situación peligrosa se está dando».

El delegado de la Aemet espera impulsar en la Comunidad un proyecto en centros escolares con el que lleva soñando un tiempo. «Queremos que los alumnos tengan una estación meteorológica en su colegio o instituto para que puedan revisar cada día esos datos y compartirlos con otros centros a través de una plataforma digital».

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