La Región y el País Vasco se quedan solas en su defensa del confinamiento perimetral

El Gobierno regional se ha quedado prácticamente solo en su defensa del confinamiento perimetral. Con la excepción del País Vasco, ninguna otra comunidad apuesta por mantener esta medida ante su más que dudoso encaje jurídico, una vez expire el estado de alarma.

De hecho, la Fiscalía del TSJ vasco ya se ha pronunciado en contra, al entender que no puede limitarse el derecho constitucional a la libre circulación sin el amparo del régimen excepcional que finaliza a las 23.59 horas de mañana sábado. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, no desveló ayer si finalmente se intentará mantener contra viento y marea el cierre perimetral, pero insistió en que la medida sigue siendo necesaria. La tasa de cobertura de la primera dosis de la vacuna entre los mayores de 60 años (77,6%) «no es todavía suficiente» para relajar las restricciones, advirtió. «Necesitamos un porcentaje mayor, deberíamos estar en el 90%», incluido en la franja concreta de edad de 60 a 69, donde todavía no se supera el 60%. A ello se suma la incidencia acumulada en muchas comunidades, que es todavía «alta».

Pedreño volvió a denunciar la «incertidumbre» generada por la finalización del estado de alarma «sin un plan de actuación que unifique las medidas a nivel nacional y nos dote de las herramientas necesarias que tantas veces hemos pedido». «Esta falta de concreción y de toma decisiones deja a las autonomías desprotegidas. La propuesta del Gobierno central de poder recurrir al Tribunal Supremo es solo un parche que no solventa la inseguridad jurídica en la que quedan las autonomías», añadió.

Pero aunque muchas otras comunidades comparten las críticas del Ejecutivo murciano, prácticamente todas han renunciado a mantener el cierre de sus territorios. En algunos casos lo hacen porque consideran que la situación epidemiológica lo permite, como es el caso de Valencia, que después de una tercera oleada durísima está por debajo de los 50 casos por 100.00 habitantes. Otras, como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cataluña amagaron con mantener intactas las actuales restricciones, pero han terminado por dar marcha atrás al considerarlo jurídicamente inviable. De forma mayoritaria se optará por confinamientos puntuales por municipios o comarcas, pero en ningún caso por cierres de una autonomía entera.

La vicepresidenta Carmen Calvo alimentó la opción de las restricciones al plantear que los acuerdos del Consejo Interterritorial podían servir de sucedáneo al estado de alarma. Pero la decisión del Gobierno central de endosar al Supremo la responsabilidad de avalar esos recortes de libertades y la aprobación del decreto que obliga al alto tribunal a hacer público su fallo en menos de dos semanas han congelado definitivamente los ánimos restrictivos de las comunidades, que ya se habían enfriado mucho con la avalancha de constitucionalistas que avisaron de que la interpretación de Calvo no era, ni mucho menos, unánime.

El Gobierno regional anunciará hoy si se tira finalmente a la piscina ya no solo con el confinamiento perimetral, sino con el toque de queda, una medida que sí es compartida por otros ejecutivos. El TSJ de Baleares ya la ha avalado en esta comunidad. Pero los tribunales y la Fiscalía están dando señales cada vez más claras de que si se decretó el estado de alarma fue para algo, por lo que intentar mantener las restricciones sin este paraguas no es viable. El propio presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, ya ha avisado públicamente a las comunidades de que no van tener barra libre: tendrán que justificar muy bien ante los tribunales «el sacrificio de derechos en pos de objetivos sanitarios».

La advertencia del presidente de la Sala que va a tener que decidir sobre la legalidad de los cierres también ha calado en las últimas horas en la mayoría de los TSJ, aunque no lo haya hecho en el de Baleares. Los jueces de los tribunales regionales, que en primera instancia deberían confirmar las hipotéticas restricciones de derechos fundamentales, saben que si avalan recortes de libertades pueden recibir un revolcón «casi instantáneo» por parte del alto tribunal.