La Región de Murcia fue la tercera comunidad que menos dinero destinó en 2023 a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con un total de 1.290 euros por cada persona potencialmente dependiente. Solo Canarias y Galicia contaron ... con cifras más bajas. En la primera, la aportación autonómica fue de 1.024 euros, mientras que la segunda destinó 949, cerrando la clasificación.
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De este modo, la Región de Murcia se sitúa sensiblemente por debajo de la media nacional, que alcanzó los 1.586 euros. En términos relativos, la Comunidad destinó casi un 19% menos que el conjunto de territorios del país, según señalan los indicadores del Sistema de Información para la Autonomía y Atención a la Dependencia recogidos en un estudio del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia donde realiza un análisis de la evolución regional desde el año 2008.
El CES considera, a la vista de los datos recopilados, que la Comunidad cuenta con «dos graves problemas» que están «estrechamente relacionados». Por un lado, cuenta con «deficiencias en la gestión» y, por otro, con una «infrafinanciación» a la que responsabiliza de forma directa de lo anterior.
Respecto a la gestión, el CES destaca uno de los problemas recurrentes en la Región: el tamaño de las listas de espera y la demora media que viene acumulándose desde el año 2019. Algo que reflejan los 8.700 solicitantes de la dependencia que a cierre de 2023 estaban a la espera de ser valorados y los más de 7.000 que, aun contando con el grado reconocido, seguían aguardando la resolución de su plan individualizado de atención (PIA), que fija las ayudas a recibir, y sin el que no pueden acceder a ellas.
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El porcentaje de solicitudes pendientes de resolución de grado sobre el total de solicitudes activas es el segundo más alto de España, rozando el 14%, después de un nuevo incremento en 2023, que se sitúa como un año relevante en el empeoramiento de este indicador en la Región junto a 2013 y 2019.
Por otro lado, la espera del PIA coloca a la Región de Murcia también en el tercer puesto de los territorios con mayor proporción de beneficiarios atrapados en este trámite burocrático, algo que el CES considera «desalentador». El porcentaje de personas con grado reconocido que aguardan el PIA registró también un deterioro en 2023 respecto al año anterior, creciendo dos décimas porcentuales, hasta situarse en el 14,9%.
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El Consejo Económico y Social también se detiene en el crecimiento de los tiempos de demora existentes entre el reconocimiento de la dependencia hasta el acceso efectivo a una prestación, y considera que agilizar todos estos procesos «debe ser una prioridad inmediata» del Gobierno regional a través de un incremento «notable» de las dotaciones presupuestarias que dedica a la Dependencia.
El CES valora los avances del Plan de Choque aprobado por el Gobierno de España en enero de 2021, que se tradujo en 2022 en la Región «en una aportación estatal adicional acumulada de casi un 79% más» respecto a lo recibido en 2020, aunque alerta al Gobierno regional de que eso no debe hacer que decrezca la aportación neta regional aprovechando el contexto propiciado por el incremento de fondos estatales destinados a las autonomías.
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