Reformados

Son sobradamente conocidas las virtudes –quizá otros se detengan en las ineficiencias– que el Sistema Universitario Español en su conjunto ha cultivado con base en la autonomía amparada por el artículo 27 de la Constitución Española, y por eso el problema político se acota habitualmente al problema presupuestario. Por ello, las comunidades autónomas, desde contextos de financiación bien distintos y notablemente injustos (como es el caso de la Región de Murcia) tienen que asumir el melón, y eso demanda un importante ejercicio de confianza en que mejores laboratorios, mejores infraestructuras o mejor personal de apoyo en los campus se traducirán en el largo plazo en mayores retornos. Esos beneficios son tangibles y consisten en empresas más competitivas, más calidad en el empleo y, por lo tanto, un constructo social más justo en el largo plazo.

La creación de un Ministerio 'ad hoc' para universidades para esta legislatura hizo soñar con un departamento que, a sabiendas de que su alcance era muy limitado de cara a la financiación de las universidades, tenía cuatro años para resolver tres reformas legales vitales: la actualización de las enseñanzas universitarias, una nueva ley de universidades (LOSU) y el estatuto del personal docente e investigador (PDI). ¿Saben lo que ha sucedido? Que tras muchas idas y venidas con la paciencia y lealtad institucional de los rectores y, a la espera del rumbo que adopte la cartera ministerial con Subirats, la reforma laboral publicada el pasado 30 de diciembre echaba por tierra cualquier solución sensata para el problema del profesorado y los investigadores temporales de nuestras universidades. No fue una decisión azarosa ni descuidada; se le ha dedicado una disposición derogatoria exclusiva para eliminar los contratos temporales recogidos en la Ley Orgánica de Universidades y en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Probablemente, como lector, usted piense que es bueno que los profesores y los investigadores tengan contratos indefinidos, pero ¿desde el primer momento? ¿Es de recibo eliminar el incentivo de la 'carrera académica' para las personas que deben liderar la formación de nuestros jóvenes en las universidades? ¿Podemos condenar presupuestariamente la actividad investigadora de las universidades y OPI a sabiendas de que la financiación de sus proyectos nunca está asegurada?

La idea que se estaba intentando componer desde el Ministerio de Universidades es que el camino ideal de un profesor universitario pasa por que los jóvenes con mejor proyección académica puedan realizar su periodo doctoral a través de un contrato en formación de cuatro años (contratos FPU o FPI) con alguna experiencia en el extranjero, que posteriormente puedan optar a un contrato de profesor ayudante de 6 años, y que puedan estabilizarse finalmente mediante un contrato de profesor titular. No parece descabellado que los docentes e investigadores universitarios tengan que pasar primero por dos contratos temporales a los que se opta mediante concurrencia competitiva antes de optar a un puesto fijo mediante la correspondiente oposición. Tampoco parecía un disparate apostar por regular la contratación temporal de profesores asociados, vinculados a las empresas y con dedicaciones menores, e incluso crear una figura transitoria de profesor contratado no doctor con el fin de facilitar la integración en la carrera académica a aquellas personas que, habiendo demostrado una amplia y valiosa experiencia en la universidad, quisieran apostar por su faceta docente.

Ese esquema está roto a día de hoy. A la espera de alguna solución urgente, al Sistema Universitario Español le quedan dos balas en este duelo descontextualizado por el empleo: el articulado que se pueda consensuar en la modificación de la ley de la ciencia y la nueva ley de universidades. Ya no se trata de rogar financiación al nivel del resto de países de nuestro entorno, sino de aspirar a un marco normativo que no socave aún más el debilitado sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Una reforma laboral que pone por delante la estabilidad 'administrativa' a toda costa, no deja sitio para que la universidad contribuya a la transformación del mercado de trabajo.