Reclaman a la Justicia que envíe a prisión a la «manada» de empresarios que pagó por sexo con menores

Movimientos feministas, organizaciones sociales, partidos y sindicatos lanzaron este domingo una última advertencia a la Audiencia Provincial de Murcia y a la Fiscalía para que corrijan el acuerdo de conformidad que en principio evita el ingreso en prisión de siete empresarios condenados por mantener relaciones sexuales con menores de edad, a las que prostituían. Esta sentencia supondría «un menosprecio insultante» a las víctimas de esta red de explotación sexual y «una perpetuación de la impunidad de hombres poderosos», denunciaron a las puertas del Palacio de Justicia.

La vista para decidir si los condenados eluden la prisión, a partir del acuerdo alcanzado entre Fiscalía y abogados defensores, comienza este lunes a las 10.00 horas. Los acusados afrontaban inicialmente penas que sumaban en conjunto hasta 25 años de prisión por cabeza -cuatro años por cada contacto sexual con una menor-, pero el acuerdo de conformidad les permitiría en principio conservar la libertad gracias a que las penas se reducen a cinco meses de cárcel por cada uno de esos delitos. Aunque en conjunto la suma total de las penas pudiera justificar un ingreso en prisión, el acuerdo contempla que las mismas queden en suspenso al no superar ninguna de ellas los dos años.

Es este aspecto el que debe revisarse a partir de este lunes. La jueza de la Audiencia Provincial Concepción Roig escuchó la semana pasada a las víctimas y a sus familias, en un gesto inédito que se produjo después del amplio rechazo social con que fue recibida la sentencia. «Estamos totalmente alertas, a la espera de que la Justicia reconsidere el acuerdo de conformidad. Primero, por el interés superior del menor, que se han saltado a la torera, y después porque lo contrario supondría dar barra libre para el consumo de cuerpos de niñas», advirtió Gloria Alarcón, presidenta del Fórum Político Feminista, miembro de la Asamblea Feminista y exvicepresidenta de la Asamblea Regional. Alarcón celebró el gesto de la jueza, y mostró su confianza en que esto se concrete en un mensaje claro de la Audiencia en favor de los derechos de las víctimas y contra la impunidad.

La sentencia fue recibida entre el estupor y la indignación, como quedó patente nuevamente este domingo. Teresa Fuentes, secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, recordó que la especial vulnerabilidad de las víctimas (niñas de familias empobrecidas, algunas de ellas migrantes) contrasta con el poder que ejercían los empresarios condenados. Entre ellos se encuentra Juan Castejón, expresidente y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), y también exvicepresidente de la Croem. «El acuerdo que se alcanzó es especialmente triste si se tiene en cuenta que la fiscal era una mujer», lamentó Fuentes.

Varios centenares de personas clamaron frente al Palacio de Justica contra «la manada de empresarios» y denunciaron que «no es justicia, es impunidad». A la concentración acudió la diputada regional del PSOE Marisol Sánchez Jódar, quien anunció la presentación en la Asamblea de una moción para «mostrar el apoyo unánime y sin fisuras de todos y cada uno de los miembros de la Asamblea Regional de Murcia a las víctimas de esta red de prostitución, así como a sus familias». Asimismo, la moción solicitará «aumentar la formación destinada a la prevención de abusos sexuales a menores de edad en todas y cada una de las etapas formativas».

Por su parte, María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea, advirtió que la sentencia ha generado «una gran alarma social» porque supone «que los agresores sexuales se vayan de rositas», y pidió que lo sucedido suponga «un punto de inflexión» para un cambio «en la justicia de la Región, machista y patriarcal».

Uno de los aspectos tras el acuerdo de conformidad es la lentitud de la acción de la Justicia. Los hechos juzgados ocurrieron hace una década, en 2014.

La Fiscalía tiene este lunes la pelota en su tejado. La principal incógnita que pende sobre las vistas que la Audiencia Provincial va a celebrar este lunes y martes, para estudiar si los empresarios condenados por prostituir a menores de edad deben entrar o no a prisión, es cuál será la posición del Ministerio Público.

La fiscal selló hace unas semanas el polémico acuerdo que permitió a los integrantes de esta red rebajar sustancialmente sus condenas –de cuatro años a un máximo de cinco meses por cada contacto con las menores–. Lo hizo aplicando una atenuante de dilaciones indebidas –como muy cualificada– en aras al importante retraso, de hasta diez años, que arrastró la causa.

Ya en ese momento, una vez que los empresarios asumieron los hechos, la Audiencia fijó una vista, semanas después, para decidir si, como las defensas tenían previsto, las condenas quedarían en suspenso. Aunque en conjunto la suma total de las penas pudiera justificar un ingreso en prisión, este tipo de acuerdos contemplan, extraoficialmente, que las mismas queden en suspenso al no superar ninguna de ellas los dos años. Habitualmente, las defensas solicitan esa suspensión de las penas y la Fiscalía no se opone, dejando el camino allanado para que la Sala acceda a la petición.

Los magistrados de la Sección Tercera dieron la pasada semana, sin embargo, un inusual paso al citar a las menores víctimas para escuchar su opinión respecto a esa plausible suspensión de las penas. La Audiencia, ya con el criterio de las afectadas y, una vez que conozca la decisión de la Fiscalía, deberá dictar una solución que mantiene en vilo a la sociedad murciana.

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