Quince empresas porcinas de la Región de Murcia inician una batalla judicial por las balsas de purines

Así lo confirmaron a LA VERDAD fuentes de la Asociación de Defensa Sanitaria del Ganado Porcino de Fuente Álamo (Adespofa), cuyos servicios jurídicos buscan tumbar las resoluciones de la Confederación tras no haber conseguido su anulación en la vía administrativa. Añadieron que las sanciones recurridas llegan hasta los 70.000 euros y que son resultado de las campañas de inspección realizadas por el organismo de cuenca, junto al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Ello, dentro de las medidas impulsadas desde el año 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la recuperación del Mar Menor y de su zona de influencia.

Los recursos judiciales han sido interpuestos por empresas porcinas de hasta 200 trabajadores, ubicadas en su mayoría en Fuente Álamo. También las hay de Cartagena y de Alhama. Los afectados niegan haber causado daños al medio ambiente (suelo y subsuelo) por «supuestos» derrames, al tener los desechos en depósitos sin plastificar y al aire libre, expuestos a la lluvia y al viento. Argumentan también que el almacenamiento temporal del purín, hasta su entrega como abono agrícola, no es un vertido, pues «legalmente el purín está considerado un subproducto y no un residuo».

Asimismo, afirman que la Ley de protección y recuperación del Mar Menor da «una alternativa» a la obligación (recogida en el artículo 56) de «contar con impermeabilización artificial». Esgrimen la disposición transitoria sexta de la Ley, que regula la «impermeabilidad de los sistemas de almacenamiento de deyecciones autorizados» y señala que los granjeros pueden aportar estudios del subsuelo e hidrogeológicos para acreditar la impermeabilidad de los depósitos. Así, pueden probar «la ausencia de lixiviación».

Adespofa recuerda un informe sobre el sellado natural del profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Ángel Faz, pedido por la Comunidad Autónoma. Y rechaza las sanciones por riesgo y cuestiona la legalidad de los expedientes, al entender que las competencias sobre balsas son de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, vuelve a lamentar públicamente «la negativa» de las administraciones públicas a autorizar el uso de una técnica de eliminación de deyecciones mediante bacterias «ensayada con éxito» por Faz.

El Ministerio informó en julio, sobre el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (al que prevé destinar 675 millones de euros), de que la CHS había inspeccionado ya 300 cebaderos. Detalló que «se inspeccionan granjas mediante fotointerpretación y visitas a terreno, valorando el cumplimiento de la normativa aplicable y prestando especial atención a la impermeabilización de las balsas de purines».

Además, desde el Ministerio «se han reforzado los equipos de la CHS para obtener un diagnóstico de presiones derivadas, tanto de los vertidos de aguas residuales como de las explotaciones ganaderas de todo el ámbito territorial». Y «para el cumplimiento de dicho objetivo se dispone de un presupuesto específico ya encargado de 251.637,15 euros, a ejecutar en 36 meses desde la aprobación del encargo en mayo de 2022».

En Adespofa indicaron que, desde hace algunas semanas, funcionarios de la CHS y agentes del Seprona han realizados nuevas inspecciones en granjas. Y añadieron que la Confederación ha enviado cartas de apremio para el pago de sanciones, que en al menos dos casos se han traducido en embargos de cuentas bancarias por parte de Hacienda por importes de 16.000 y 22.000 euros. Y eso, «a pesar de la suspensión cautelar de los expedientes por el TSJ».

Fuentes de la Consejería, que dirige Sara Rubira, indicaron que «todas» las balsas deben cumplir el Real Decreto 306/2020, sobre ordenación de las granjas porcinas intensivas. Deben «disponer de balsas de estiércol cercadas e impermeabilizadas, natural o artificialmente, que eviten el riesgo de filtración y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas». Las instalaciones han de impedir «pérdidas por rebosamiento y filtración o por inestabilidad geotécnica» y tener «el tamaño preciso para poder almacenar la producción de al menos tres meses».

En la Consejería señalaron que «se realizan inspecciones incluidas en los planes de control» y «se verifica el cumplimiento de la normativa». No detallaron el número de controles efectuados y su resultado, conforme al plan actual.