El PSRM reconocerá en su congreso regional que el Trasvase Tajo-Segura es «irrenunciable»

Este texto, que el martes fue remitido a las 62 agrupaciones municipales, va más allá y se refiere a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo sobre la planificación hidrológica del Tajo. Estas resoluciones, advierten, «no son incompatibles con garantizar que la cuenca del Segura siga recibiendo las aportaciones que se regulan en el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura».

La afirmación llega además en un momento el Ministerio para la Transición Ecológica basará su trabajo para la modificación de las reglas de explotación del acueducto sobre estas sentencias, tal y como sostuvo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el pasado 27 de enero en el foro 'Horizonte 2027: los retos del agua', organizado por LA VERDAD.

En concreto, estas menciones están incluidas en el segundo apartado de esa ponencia política, dedicado a la actividad económica de la pequeña y mediana empresa y a los sectores productivos de la Región. Ahí señalan en materia de agua que «la Región de Murcia necesita seguir apostando por optimizar los recursos hídricos para garantizar la actividad agraria y ganadera de la Región». Por eso, dicen que la solución a los problemas de falta recursos pasan por «fortalecer el mix hidrológico que contempla cuatro recursos principales: los de la propia cuenca, la reutilización de aguas residuales, la desalación y el Trasvase Tajo-Segura, con unos precios competitivos del metro cuadrado para regadío». Por eso, remarcan que «el agua desalada es imprescindible» y apuestan aquí por ampliar desaladoras públicas, aumentar su capacidad de producción y utilizar nuevas tecnologías y fuentes de energía renovable para ello. El PSRM también reconoce que «debe existir una tarifa única de agua desalada, con independencia de su origen».

En lo que afecta a la actividad del sector primario, entre las medidas que incluirá en su ponencia apunta cuatro planes para su impulso: un plan de reconversión y organización agrícola, un plan de dinamización de agricultura de secano y la agricultura de montaña, un plan regional de ordenación territorial de la agricultura y plan de ordenación ganadera y de subproductos de la ganadería. El primero ellos pretende que la actividad agraria en la Región se diferencie de la de otros territorios, «generar valor añadido a nuestros productos y haciéndolos más competitivos en el resto de mercados mundiales».

A lo largo de sus casi 400 páginas, este texto desgranada propuesta en diferentes ámbitos, desde el de la economía y el trabajo, a la investigación y la ciencia, la vivienda, la movilidad y las infraestructuras, el futuro de las ciudades, el sistema tributario o la reforma del sistema de financiación. También, en sus quince apartados, se abordan cuestiones como el cambio climático, la igualdad, las políticas de inclusión, la diversidad y la lucha contra los discursos de odio o la defensa de servicios públicos como la sanidad.

Según marca la convocatoria del congreso regional, una vez remitido este borrador a las asambleas, dispondrán del 12 al 16 de febrero para el debate de las enmiendas a la ponencia marco y los estatutos y el 21 tendrá lugar el envío de la memoria de enmiendas. Éste tiene que ser el último trámite interno antes de la cita de marzo que se celebrará en Cartagena, en la UPCT, el fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de marzo. Allí, tendrá lugar la proclamación de Francisco Lucas como nuevo secretario general del PSRM-PSOE así como la votación de su Ejecutiva regional.

El borrador de ponencia política de los socialistas murcianos recoge entre sus puntos más destacados y amplios algunos de los asuntos en los que también está intentando situar la agenda el PSOE a nivel federal desde el Gobierno. Uno es el de la vivienda. A ello le dedica un apartado íntegro, el tercero, en el que, entre otras medidas, al igual que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, propone la creación de una Agencia Regional de Vivienda, Rehabilitación y Suelo «como locomotora de la promoción de vivienda pública, tanto en construcción como en rehabilitación e incluyendo la competencia para la adquisición de suelo». Antes de eso, la principal actuación que contempla este documento que marcará la hoja de ruta de los socialistas en los próximos cuatro años es «duplicar la inversión pública autonómica en políticas de vivienda, asegurando la cofinanciación y la colaboración con el Gobierno de España».

Entre otras cuestiones, también se marca como objetivo aplicar en la Región uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Vivienda estatal, la implantación de zonas tensionadas en aquellos lugares donde el coste medio del alquiler o de la hipoteca supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona, algo a lo que hasta ahora se han opuesto las comunidades autónomas gobernadas por el PP. En estos puntos, según ese borrador, se establecerán límites en el incremento del precio de los alquileres y topes de renta; incentivos en el IRPF para los propietarios que ofrezcan alquileres asequibles; control a los grandes propietarios o propietarias para limitar los precios y límites estrictos a la oferta de viviendas dedicadas a alquileres de corta estancia».

Otro cambio está enfocado a promover regulaciones «para impedir la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, luchando así contra la especulación, y evitando incrementos desproporcionados de precio». Quieren además un trato preferente para la tramitación destinados a viviendas de protección pública. De igual forma, inciden en el impulso «imprescindible» para crear un Parque de Vivienda Público que, en un plazo de 15 años, «suponga el 9% de las viviendas totales, una proporción en la media de la UE». Cuentan con financiarlo a través de fondos FEDER, «primando su destino a las personas con menos recursos, jóvenes menores de 35 años y situaciones de especial vulnerabilidad». En cuanto al acceso a los jóvenes a una vivienda, sus propuestas pasan por un plan de alquiler asequible que reserve a personas jóvenes el 30% de las viviendas promovidas a través de él, al igual que «reforzar y actualizar» instrumentos como el programa de avales a la compra.