El PSOE exige en la Asamblea que la Comunidad explique el control que hace de las atracciones de feria
Tras el fallecimiento de una niña de dos años en Alquerías, los socialistas vuelven a demandar al Ejecutivo regional la aprobación de una ley de espectáculos
El Grupo Socialista ha registrado en la Asamblea una batería de preguntas e iniciativas sobre las inspecciones y controles que se realizan por parte de ... la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social sobre las atracciones de feria que se instalan en la Región. Lo hacen después de que el pasado 15 de junio una niña de dos años falleciera como consecuencia de la descarga eléctrica que sufrió en una atracción infantil instalada en la pedanía murciana de Alquerías.
En una pregunta oral para su contestación en Pleno, los socialistas exigen al departamento dirigido por Marisa López Aragón sobre cuál es la responsabilidad de la Consejería, «por acción u omisión», en la falta de seguridad de la atracción donde se produjo la tragedia.
De igual forma, trasladan una solicitud de información sobre la relación de autorizaciones de instalación de atracciones de feria concedidas por la Comunidad en los años 2024 y 2025 y sobre las inspecciones que se realizan a las mismas.
Para la diputada Virginia Lopo «es fundamental saber qué ha fallado para evitar que se repita un suceso similar» y pide que, además de adoptar medidas, el Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno regional deben «depurar responsabilidades».
Además, vuelven a exigir la aprobación de una ley de espectáculos públicos, como ya hicieron en noviembre de 2023, después del trágico incendio de la discoteca Teatre, en Atalayas (Murcia), cuando llevaron una moción en la Asamblea Regional para que el Gobierno regional elaborara, con carácter urgente, esta norma para espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Considera el PSOE que «las distintas normas que actualmente regulan esta materia de forma parcial se han demostrado totalmente insuficientes» y recuerdan que la Región es una de las únicas tres comunidades autónomas de todo el país que no dispone de una ley que regule esta actividad.
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