El PSOE adelanta al PP en causas judiciales contra cargos públicos

Pero en los últimos años el PSOE ha tomado la delantera, hasta el punto de que sus dos principales dirigentes en la Región, Diego Conesa –secretario general– y José Vélez –delegado del Gobierno–, tienen procedimientos abiertos en los tribunales. También se ve afectado el responsable de Organización del partido, Jordi Arce. En la última semana se han sumado a la lista dos de sus principales alcaldes, los de Águilas y Lorca, María del Carmen Moreno y Diego José Mateos, respectivamente.

A ellos hay que sumar los nombres de José Enrique Gil, hombre fuerte del equipo de gobierno de Fortuna; del concejal de Molina Ángel Navarro y cuatro ediles socialistas del Ayuntamiento de Torre Pacheco que están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados junto al alcalde, el independiente Antonio León.

A ninguno de los dirigentes del PSOE no se les imputa por meter la mano en la caja, es decir, por cohecho. Pero sí se dirimen cuestiones que pueden suponer comportamientos pocos ejemplares para gestores públicos. Conesa, Moreno y Mateos se enfrentan a causas de prevaricación. Estos últimos, por una adjudicación sin concurso a Cruz Roja en el Ayuntamiento de Águilas, cuyo interventor es precisamente el regidor lorquino. El secretario general del PSRM está acusado de evitar la tramitación, cuando era alcalde de Alhama, de una multa por desórdenes en un control de tráfico impuesta a un concejal de IU. A Vélez y Arce se les acusa también de malversación por un supuesto cobro ilegal de sueldos en el Consistorio de Calasparra.

Al teniente de alcalde de Fortuna se le investiga por una presunta compra de votos, las diligencias contra el concejal de Molina tienen que ver con la revelación de secretos, mientras que los ediles de Torre Pacheco, por aprobar los Presupuestos municipales sin remitir la documentación a la oposición.

Fuentes del PSRM restan importancia a estas causas y muestran su confianza en la absolución de sus cargos investigados. En el caso de Conesa, consideran existe «inquina personal por parte del denunciante», el exsargento de la Policía en Alhama.

El código ético del PSOE establece en la apertura de juicio oral la línea roja para la que el político abandone el cargo y entregue temporalmente el carné de militante. No obstante, el PSOE fue más exigente con el PP cuanto este estaba acorralado por las causas judiciales. Pedía dimisiones en cuanto se conocía la imputación. En Torre Pacheco promovió una moción de censura contra la alcaldesa del PP por un procedimiento de prevaricación que después fue archivado.

El PP, por ahora, tiene un respiro en los juzgados. Solo hay abiertas diligencias contra la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, y el portavoz municipal en Lorca, Fulgencio Gil. La mayor amenaza se cierne sobre los consejeros Javier Celdrán y Antonio Luengo, contra los que se tramita una denuncia por un supuesto delito contra el medio ambiente por las órdenes de veda de caza de 2019 y 2020.