El PSOE y Adade piden prisión para Sánchez y Ruiz por el 'caso Púnica'

El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) presentaron ayer su escrito de acusación en la pieza separada del 'caso Púnica' en el que atribuyen distintos delitos a cinco empresas y trece personas físicas, entre ellos el exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz y el exconsejero de Educación y luego presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

En el escrito entregado en el juzgado Central de Instrucción que tramita esta pieza separada, se reclaman para Ruiz un total de cinco años de prisión, 16 años de inhabilitación y 54.000 euros de multa, atribuyéndole, entre otros, los delitos de fraude, revelación de secretos, cohecho y prevaricación. En cuanto a Sánchez, se le acusa de los delitos de fraude y cohecho y solicitan un total de cinco años y seis meses de cárcel, 18 años de inhabilitación y multa de 54.000 euros.

Estas acusaciones sostienen que los igualmente acusados José Antonio Alonso, que fue alcalde de Cartagena, y el empresario Alejandro de Pedro decidieron emprender un negocio de mejora de imagen de distintos políticos murcianos, entre los que se encontraban los exdirigentes regionales.

La operación, siempre según el escrito de acusación, pasaba por la emisión de facturas por conceptos irreales y por la licitación de contratos con objetos simulados, de manera que las campañas de imagen en internet serían pagadas, presuntamente, con fondos públicos. Tanto Ruiz como Sánchez han negado de forma reiterada su participación en los hechos que son objeto de investigación de esta pieza separada.

En febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, emitió un auto de procedimiento abreviado que venía a confirmar la existencia de indicios suficientes de delitos de fraude y falsedad en documento mercantil contra Juan Carlos Ruiz y contra varios de los que fueron sus colaboradores más cercanos, entre ellos su exjefe de gabinete, Fidel Saura Guerrero; la exdirectora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles, y su secretario general, Jesús Norberto Galindo.

En él, el magistrado dejaba fuera del proceso al Instituto de Fomento (Info), sobre el que pesaban sospechas de que había actuado de forma similar respecto a los contratos de imagen, porque no se llegó a firmar ningún encargo. Señalaba el magistrado que ni siquiera se inició el expediente administrativo debido a la resistencia que opuso uno de los funcionarios. Por lo que quien era la directora del Info, María Reyes Samper, quedó exculpada pese a la aparente «voluntad de ponerlo en marcha» apreciada.

En cuanto al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, el mismo auto ratificaba el sobreseimiento de lo que se llamó la 'trama de Educación', en la que figuraba como principal sospechoso, además de la exalcaldesa cartagenera Pilar Barreiro y los colaboradores más estrechos de ambos.