La propuesta de Vox para unir el Consejo de la Transparencia y el Defensor del Pueblo acabará con el primero de los órganos
El actual Consejo tiene los días contados a la vista de los planes de Vox de integrarlo en el futuro Defensor del Pueblo, entre cuyas funciones estará «fiscalizar» la labor del Ejecutivo
Muchos daban ya por muerto y sepultado al Consejo de la Transparencia, tras más de año y medio sin actividad y la agria polémica que ... rodeó la dimisión y sustitución de su último presidente, el magistrado Julián Pérez Templado. Pero el jueves pasado resurgió, gracias al empeño de su actual presidenta interina, Juana Pérez, con la celebración de un Pleno para intentar desbloquear parte del trabajo acumulado. Podría ser la última bocanada de un órgano básico en la concepción del buen gobierno, nacido en 2015 para impulsar la apertura de la Administración regional a la sociedad, pero que desde el primer día encontró obstáculos a su labor.
Por si quedaba alguna duda sobre su incierto futuro, los planes de Vox sobre el Consejo hacen prever que no durará mucho tal y como ahora lo conocemos.
El octavo punto del pacto de gobierno suscrito por PP y Vox indica que ambos partidos «se comprometen a impulsar una reforma legislativa para dotar al presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones de 'Defensor del Pueblo de la Región de Murcia', y a designar al candidato propuesto por la dirección de Vox». La ponencia encargada de estudiar los cambios legales precisos para encajar los dos órganos se creó en la Asamblea el mes pasado.
El intento de Juana Pérez de revitalizarlo llega tarde; ni los grupos ni el Gobierno han contestado a su petición para designar a sus representantes
La presidenta provisional del Consejo de la Transparencia sostiene que, mientras se decide y aprueba qué se hace, este órgano debe seguir cumpliendo con las obligaciones que le marca la ley. «Si no, estaríamos faltando todos a nuestras responsabilidades», sostiene Juana Pérez.
La callada por respuesta
Sin embargo, sus intentos por mantener vivo el Consejo han recibido escasa respuesta de la Comunidad y de los grupos políticos. El PP, que apoyó su dudoso nombramiento hace un año, lo que dio lugar a una denuncia ante los tribunales de varios vocales del Pleno del Consejo, entre ellos el del PSOE, ahora parece ignorarla. Pérez ha pedido por escrito en dos ocasiones reunirse con la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, para presentarle la memoria anual de actividades, pero no ha recibido respuesta. También ha solicitado a los grupos parlamentarios que elijan a sus representantes en el órgano, pero ninguno lo ha hecho, y, a la reunión del pasado jueves, Pérez citó a los tres representantes del Gobierno regional que, según la ley, forman parte del Consejo de la Transparencia y los tres se excusaron.
Fuentes del Gobierno regional apuntan que se trata de «un organismo autónomo e independiente, por lo que el Ejecutivo no actúa ni interviene en su funcionamiento. Solamente nombra a sus tres representantes», y recuerdan que «las competencias de transparencia dependen de la Consejería de Presidencia, que es la que gestiona y coordina todas las peticiones de información que llegan a través del portal de la Transparencia».
No obstante, el que lleva la voz cantante en la reorganización del Consejo de la Transparencia es Vox, partido que incluyó en el pacto de gobierno la propuesta para integrarlo con el Defensor del Pueblo.
Antelo reconoce que ya tiene en mente el futuro presidente del nuevo órgano: «Es una persona muy ligada a la Región, al campo y a su industria auxiliar, y no es político»
El presidente regional de esta formación y vicepresidente del Gobierno autónomo, José Ángel Antelo, señala que uno de los objetivos es reducir la burocracia. «Los grupos parlamentarios están trabajando ya en ello; hay algunos flecos que estamos mirando y espero que en los primeros meses del próximo año lo tengamos ya perfilado y listo», indica.
«Crítica constructiva»
«Queremos que visualice la labor del Gobierno, que esté también ligado con el campo y que sea un órgano fiscalizador que haga una crítica constructiva a la labor del Gobierno, que vele para que los acuerdos y planes de las diferentes consejerías se ejecuten», agrega.
Insiste en que la idea es reunir en un solo órgano y con todas las competencias el Consejo de la Transparencia y el Defensor del Pueblo, «del campo, de la Región de Murcia o como queramos llamarlo; decimos defensor del Pueblo porque la gente tiene esa imagen, pero no se va a llamar así. Debe supervisar la acción del Ejecutivo y también que lleve las quejas de la ciudadanía al Consejo de Gobierno. Pero el proyecto se encuentra todavía en pañales».
Antelo incluye también a los ayuntamientos entre las instituciones que deberá controlar este nuevo órgano, al menos aquellos que posean «una legislación excesiva o que impida el desarrollo de nuevas industrias; una figura independiente capaz de superar esas trabas».
Todo ello supondrá una profunda reforma de los artículos de la ley de la Transparencia que regulan el actual Consejo, ya que se trataría de algo totalmente distinto.
El responsable de este nuevo órgano lo propondría Vox. Antelo señala que ya ha hablado con dicha persona, pero cree que aún es pronto para darla a conocer, aunque adelanta algunos rasgos de su perfil: «Una persona muy ligada a la Región de Murcia, al campo y a su industria auxiliar».
Un 10% más de presupuesto para sufragar la transformación
El nuevo órgano que saldrá de la unión del Consejo de la Transparencia y el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia dispondrá, en principio, de un presupuesto de 590.120 euros. Esta es la dotación que figura en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2024 aprobado el pasado jueves para el Consejo de la Transparencia, aunque siempre es posible una modificación presupuestaria si se quisieran ampliar los recursos del nuevo órgano.
Esos 590.120 euros representan un incremento del 10,26% con respecto al presupuesto de este año del Consejo, y se concentra en dos capítulos, el de personal, que crece en 25.336 euros, y el de gastos corrientes en bienes y servicios, que sube en 88.039 euros.
En cambio, el capítulo presupuestario de inversiones reales se reduce casi un 60% y pasa de 98.465 euros a 40.000. Esta reducción parece justificada por el hecho de que esta partida, que ascendía a la misma cantidad, quedó el 100% sin ejecutar en el presupuesto de 2022, según la información que aparece en el informe del Consejo correspondiente a dicho año.
En dicho informe, aprobado por el Pleno de este órgano en la reunión del pasado jueves, se expone que persiste «la carencia de personal suficiente para llevar a cabo todas las funciones, siendo necesario no solo el incremento de efectivos sino también la dotación de una estructura organizada y jerarquizada en forma de servicios y secciones». Al mismo tiempo, se solicita la creación de comisiones y de la figura de uno o dos vicepresidentes para mejorar el funcionamiento del Consejo, lo que va en contra de la propuesta de Vox de reducir la burocracia al máximo con el nuevo órgano.
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