Los promotores de la ILP por una vivienda digna en la Región recurren a la Junta Electoral por dejar de validar 5.000 firmas
La comisión que impulsa la iniciativa popular denuncia que la decisión adoptada, unido al acuerdo político de fijar el debate en la Asamblea Regional el 8 de julio, con el recurso pendiente, «parece buscar restar apoyo social y legitimidad»
La Comisión Promotora de la ILP (iniciativa legislativa popular) por el derecho a una vivienda digna en la Región de Murcia denuncia la decisión de la Junta Electoral Regional de no verificar alrededor de 5.000 de las más de 16.000 firmas aportadas, bajo el argumento de «haber superado el mínimo exigido (10.000) en el plazo establecido». Sus responsables aseguran que «esta decisión, no está avalada por ninguno de los artículos de la ley 9/84 de la Comunidad Autónoma», que es la que regula el desarrollo de la ILP regional, mientras añaden que la medida adoptada «supone despreciar la voluntad" de miles de personas que han decidido apoyar esta iniciativa ciudadana.
De esa forma, apuntan que solo han decidido validar oficialmente 11.032 votos, dentro de una actuación que los impulsores de la ILP califican de «arbitraria». El portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de la Región, Paco Morote, miembros activo de la comisión, ha insistido en una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede del sindicato UGT, que la iniciativa emprendida «no es una cuestión solo de quienes la promueven, sino de el conjunto de personas que la consideran adecuada y necesaria, y deciden votar a favor de la misma avalándola con sus firmas».
Hay que tener en cuenta que una iniciativa legislativa popular es una especie de proceso electoral, tal como indican desde la comisión promotora, por lo que es la Junta Electoral «la que controla su desarrollo», al ser un proceso «en el que se vota la tramitación o no de una proposición no de ley». Por ello se preguntan «¿qué diríamos si en unas elecciones se decidiera no contar el voto desde el extranjero por que ya se hubieran repartido los escaños con los votos de las mesas electorales». Así que sostienen que «la decisión de suspender la validación de firmas nos parece una barbaridad semejante».
Al respecto, informó Morote de que recurrieron la decisión adoptada el pasado lunes 23 de junio, ya que entienden que «carece de cualquier soporte legal, pidiendo que se revoque este acuerdo, y se prosiga con la validación de todas y cada una de las firmas aportadas». Igualmente, expresó su sorpresa de que reconocidos juristas «hayan adoptado un acuerdo sin base legal alguna, y despreciativo hacia la voluntad de 5.000 personas». De ahí que confían en que su recurso «sirva para rectificar esta antidemocrática».
Por otro lado, se refirió el portavoz de la PAH al hecho de que Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, acordara el martes 24, un día posterior al recurso presentado, la señalización del 8 de julio como fecha para el debate de la ILP, con el recurso pendiente de resolver. Dos acciones, la de la Junta Electoral y la de la Junta de Portavoces, que en opinión de la comisión promotora «parecen buscar es, por una parte, restar apoyo social y legitimidad a nuestra propuesta impidiendo que se conozca el apoyo real obtenido, que limitan a poco más de mínimo exigido, y por otra, tumbarla en un momento, vísperas de agosto, para que pase desapercibida la falta de respuesta de los representantes políticos ante el gravísimo problema de vivienda que padecemos».
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