Antonio Martínez jura y perjura, «hasta por lo más sagrado» -sus dos pequeñas, a las que desde hace tres años no puede abrazar porque su exmujer se las llevó ilegalmente a Rumanía y no hay forma de que las autoridades se las devuelvan-, que siempre quiso construir esas urbanizaciones. Y afirma que solo la codicia de algún alto cargo público, hoy ya retirado de la vida política, le impidió llevar a buen término sus sueños de constructor que solo decía aspirar «a tener miles de obreros a mi cargo».
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Cuando llegue el momento de dar cuenta de todos aquellos hechos ante la justicia, un trance que da por sentado que tendrá que atravesar, asegura que alzará la voz para dar el nombre y los apellidos de ese antiguo cargo público del PP que, asegura, le reclamó 660.000 euros para tramitar el proyecto urbanístico y ayudarle a salvar cualquier obstáculo administrativo que pudiera surgir en el camino.
«Si me hubiera plegado a darle ese dinero, las urbanizaciones estarían hoy construidas», asegura. Y afirma que tiene testigos para probar que lo que dice es cierto y que así lo declararán también ante el tribunal cuando llegue el momento.
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