Las promesas económicas de Sánchez dividen a los agentes sociales de la Región de Murcia

Uno de los puntos de fricción llega de la mano del incremento de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas desde las 16 actuales. «Si se alcanzara un acuerdo habría que aplicarlo de forma paulatina, pero estamos convencidos de que 16 semanas es más que suficiente para no sobrecargar los sobrecostes de las empresas», señala José María Albarracín, presidente de la Croem. «Es una medida que sin duda ayudará a la conciliación familiar», asegura Santiago Navarro, secretario general de CC OO. Su homólogo de UGT, Antonio Jiménez, añade que hay que esperar «a la letra pequeña» porque la medida no puede suponer «una minoración de retribuciones o cesiones al otro progenitor».

Sánchez también manifestó su intención de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a lo largo de la legislatura, incluso estableciendo un aumento acompasado hasta suponer el 60% del salario medio. Ahí, los empresarios llaman a subidas negociadas y no impuestas como en anteriores ocasiones. Los sindicatos, en cambio, quieren más. «Hasta que no exista una norma que obligue a que sea el 60% del salario medio en Europa, seguiremos empujando», señala Navarro, que cree que la subida del SMI en los últimos años -de los 725 euros a los 1.080 actuales- «ha servido para hacer crecer la economía nacional por encima de la media comunitaria». Por su parte, Jiménez insiste en que la actualización del salario mínimo se vincule a la Carta Social Europea a través de una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Respecto a la reducción de la jornada laboral semanal de manera paulatina hasta las 37,5 horas en 2025, así como los incentivos para que las empresas permitan horarios más flexibles y se potencie el teletrabajo, ambas centrales sindicales aseguran que ya hay convenios que pueden servir como ejemplo. «Es el momento de cambiar la jornada máxima legal, que lleva sin moverse desde hace 40 años, incluso la de ocho horas, que está vigente desde 1919», resalta Jiménez. La patronal, por su parte, vuelve a pedir sosiego. «En un país donde la productividad no es nuestro mayor logro, debemos tratarlo también en la mesa de diálogo social; requiere saber hacerlo y cuándo es el momento de aplicarlo», apunta Albarracín.

Otras promesas de Sánchez generan menos debate, como las que implican mejoras en el sistema sanitario, aunque se vean entre la esperanza y el escepticismo. Para la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, las medidas anunciadas, como la puesta en marcha de un plan para la reducción de las listas de espera con las comunidades, los refuerzos en salud mental y atención primaria con tratamientos bucodentales y oftalmológicos, son todas «necesarias y urgentes». Su presidenta, María Teresa Martín, pide «objetivos concretos y evaluables» y «presupuestos finalistas que condicionen la utilización de los fondos autonómicos a la implantación de políticas concretas» para garantizar su cumplimiento. Con ellos espera que se aumenten plantillas y se mejoren y modernicen las infraestructuras. Por otro lado, recuerda que hay asuntos pendientes como la puesta en marcha de un marco común de atención temprana con las comunidades como servicio público y avanzar en la equidad del Servicio Nacional de Salud.

En vivienda, las propuestas han caído como un jarro de agua fría sobre el sector de la construcción. El presidente de los promotores (Aprim), José Ramón Blázquez, denunció que «no hay ninguna actuación que ayude a la compraventa ni a aumentar la oferta». «Se nos anuncian unas medidas carentes de contenido que no van a mejorar el problema de acceso». Blázquez considera que las ayudas al alquiler se traducirán en un aumento de precios si no se eleva el parque, «porque hay cada vez más personas pujando por lo mismo». Además, ve «irreal» la promesa de construir 183.000 viviendas públicas. «Ya se anunciaron 100.000 la legislatura pasada».

Roberto Barceló, de Consumur, considera que otras actuaciones prometidas, como elevar el código de buenas prácticas bancarias a rentas de hasta 38.000 euros, serán «nada efectivas» y señala que habría esperado medidas más contundentes para proteger a los ciudadanos frente a los bancos. Sobre el transporte público gratuito para jóvenes y parados, estima que este debería arbitrarse por nivel de renta en lugar de a colectivos, y tampoco le convence la prórroga de la bajada del IVA. «No es efectiva porque se han incrementado los márgenes empresariales», dice. En lo fiscal, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, celebra la mención expresa de Sánchez a la intensificación de la lucha contra la economía sumergida «para reducirla». «Es un salto cualitativo y una novedad. Hasta la fecha se mejoraba la recaudación, pero la economía sumergida seguía aumentando». Por otro lado, anticipa el establecimiento de horquillas para los impuestos de sucesiones y patrimonio a las comunidades.