La proliferación de causas de corrupción obliga a reforzar 10 juzgados en la Región

Las decenas de causas por presunta corrupción en las instituciones públicas que tramitan los juzgados de la Región han obligado, en los tres últimos años, a destinar refuerzos a una decena de órganos judiciales, lo que convierte a Murcia en la tercera comunidad de España con más incidencia de estas medidas de apoyo para combatir las desviaciones de poder. En todo el país han sido 58 los juzgados y tribunales que han tenido que reclamar la intervención de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC) desde el 10 de marzo de 2015, que fue cuando se constituyó este órgano técnico dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Solo la Comunidad Valenciana, con 18 medidas de refuerzo a otros tantos órganos judiciales, y Andalucía, con 13, se encuentran por delante de Murcia, que pese a su escasa población y a su reducido número de instituciones públicas en relación con otras comunidades, se sitúa por delante de Madrid y Cataluña, por poner solo dos ejemplos especialmente evidentes. Muy por debajo se encuentran precisamente Cataluña, con 4 solicitudes de refuerzo, Islas Baleares (3) y Canarias (2).

Estos datos causan menos extrañeza si se tiene en cuenta que los juzgados murcianos vienen tramitando en la última década una treintena de macrocausas de corrupción, así como que el número de procedimientos referidos a presuntas ilegalidades cometidas en el ejercicio público superan ampliamente el centenar.

Las cifras, puestas en justa proporción con las dimensiones de la comunidad, no hallan parangón en todo el país.

La creación de la UACC ha venido a ofrecer una mano a los juzgados cuyo funcionamiento puede verse más comprometido por la llegada de una de esas causas de especial complejidad. Ha sido el caso concreto en la Región del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, muy colapsado desde hace años y al que además le tocó en suerte el 'caso Ninette' de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Los Alcázares; Instrucción número 8 de Murcia, con la macrocausa 'Umbra' centrada en el urbanismo del Ayuntamiento capitalino; Instrucción número 9 de Murcia, con el 'caso César' sobre una malversación millonaria de fondos de las obras del AVE; Instrucción número 2 de Murcia, con 'Novo Carthago' sobre la presunta recalificación ilegal de unos terrenos junto al Mar Menor y el 'caso Topillo' por la contaminación de la laguna costera; Instrucción número 6 de Murcia, que tramita el 'caso Líber/Biblioteca' de corrupción en los municipios de Aledo y Librilla y en la Consejería de Presidencia, e Instrucción número 1 de Lorca, que se encargó de la investigación del 'caso Auditorio', en el que está procesado el exalcalde y expresidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez.

A su vez, la Audiencia Provincial de Murcia, con cuatro secciones, dispone de otros tantos magistrados de refuerzo, lo que ha permitido incrementar la plantilla un 33% (de ocho a doce jueces).

Por último, igualmente ha recibido un refuerzo el Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, que a partir de mayo tendrá que enjuiciar al exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y dos antiguos altos responsables de Urbanismo, con motivo de las diligencias denominadas 'Nueva Condomina'. Curiosamente, se trata del único juzgado de lo Penal de toda España que se ha visto favorecido por este tipo de medidas.

La Comisión Permanente del CGPJ aprobó, en su reunión del pasado 1 de febrero, una modificación del Protocolo de Actuación de la UACC, ampliando su ámbito competencial a los órganos encargados del enjuiciamiento de estos procesos, al estimar que el volumen de las causas, la duración de la vista oral y el tiempo necesario para la redacción de las sentencias también hacen necesario el nombramiento de magistrados de apoyo o de funcionarios de refuerzo.

En una línea diferente, el CGPJ ha cursado en algunas ocasiones peticiones al Ministerio de Justicia de incremento de medios materiales -adecuación de dependencias judiciales, escáneres, sistemas de videograbación, equipos multicopia...- y también se han enviado requerimientos a otras administraciones para que colaboren en las investigaciones en curso, ya sea emitiendo informes solicitados por los jueces de instrucción o poniendo a su disposición a peritos expertos en distintas materias. Entre los organismos requeridos figuran la Dirección General de la Policía, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Intervención General del Estado.

La guía puesta a disposición de los jueces ofrece pautas de actuación en la investigación de delitos vinculados a la corrupción en las instituciones públicas, como defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial y al mercado y los consumidores, delitos societarios, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraudes, entre otros.