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El profesor de la ya extinta Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia acusado de múltiples agresiones sexuales y abusos a alumnos se opone a que se cierre ya la investigación contra él. Su abogado defensor, Manuel Martínez, dirigió un recurso de reforma a ... la Audiencia Provincial en el que solicita la nulidad del auto dictado hace unos días por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia. En él se remarcaba la existencia de «indicios racionales de criminalidad» contra José María O. L. y ordenaba su procesamiento como supuesto autor de una amplia retahíla de delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
El letrado, en su escrito, hace alusión a la investigación que la Policía Nacional estaba realizando sobre un canal de internet radicado en Irlanda y sobre el cual existían supuestamente datos de que podría estar gestionado por el sospechoso y ocultar pruebas de esos presuntos ataques sexuales. Martínez recuerda que la juez instructora envió requerimientos a los responsables de Google Irlanda para que informasen sobre quién se encontraba detrás del mismo. Se solicitó, asimismo, información a Facebook para conocer el uso que el sospechoso daba a su perfil.
El abogado explica que a día de hoy no se ha recibido esa información o no ha sido trasladada a la defensa y remarca que es «útil y pertinente» conocer el resultado de esas solicitudes. Se muestra convencido, no obstante, de que «no existe material que incrimine a mi patrocinado». Remarca, es más, que esas diligencias «pueden servir como prueba de descargo para aquilatar la defensa» en relación con otros hechos que se le imputan a José María O.L. en el auto de procesamiento.
En su recurso, el abogado defensor también se opone al sobreseimiento dictado por la juez en el caso de la madre de una de las supuestas víctimas del profesor. El auto de procesamiento de la instructora recoge que esta mujer, en su declaración como investigada, reconoció que las relaciones sexuales de ella y su hija con el investigado fueron consentidas y cuando la menor tenía 16 años. La adolescente, sin embargo, sostuvo que el sospechoso obligó a ella y a su madre a tener relaciones con él.
El letrado remarca que de estos testimonios se desprende una conducta indiciariamente delictiva de la madre por un presunto delito de abuso sexual en su condición de cooperadora necesaria. Argumenta, por lo tanto, que si se decreta el sobreseimiento de los cargos contra esta mujer, los cargos que se le imputan al sospechoso deben seguir la misma suerte. «Lo que no es ajustado a derecho es declarar el sobreseimiento con un relato de hechos tan grave, sin explicación, y con la grosera contradicción declarando procesado a mi patrocinado y liberar de toda responsabilidad a la madre de la denunciante», sostiene esta parte.
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