Organizaciones agrarias piden el fin de la «hiperregulación» del Mar Menor y reformar «cuatro o cinco artículos» de la ley

La Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional, que aborda una nueva sesión del proceso de escucha previa a la reforma de la Ley del Mar Menor, ha tenido este viernes invitados a Mariano Zapata, de Proexport, Manuel Martínez Madrid, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, y Santiago Martínez, de Fecoam. El primero de ellos ha pedido acabar cuanto antes con la «hiperregulación» de la zona agrícola del Campo de Cartagena porque esto se lo pone muy difícil a los agricultores que tienen que competir con otros países.

Al hablar de «hiperregulación», se refiere a las cuatro normativas que controlan la actividad agrícola en el entorno de la laguna salada (Ley del Mar Menor, las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura; el Marco de Actuación para Zonas Vulnerables por Contaminación con Nitratos y la normativa la Unión Europea).

Por su parte, Santiago Martínez, de Fecoam, puso el acento en que hay consenso entre las organizaciones agrarias en que hay «cuatro o cinco artículos» , «que no son los más complicados» y son los que piden que sean reformados. «El resto lo aceptamos», «solamente hay que suavizar ciertas cosas», dijo.

Y eso pese a que «cumplir la ley del Mar Menor cuesta muchísimo» ya que en cualquier momento puede llegar una inspección y sancionar a los agricultores con multas de 3.000, 40.000 y hasta 100.000 euros.

El problema de las regulaciones «absurdas» de la ley del Mar Menor, señaló Zapata, es que quien no las cumple y es sancionado, aunque luego corrija, no puede acceder a los fondos operativos. Por eso, a Proexport le parece urgente acometer la reforma de la ley y por eso pidió a los partidos que «sean ágiles porque el sector agrícola en Cartagena está agonizando». Para convencerlos los invitó a visitar las explotaciones. «Escuchen y aprendan».

Ambos avanzaron a los diputados que les enviarán un documento elaborado por UPA, Proexport, Coag, Fecoam y Asaja, que entregarán a los partidos políticos representados en la Asamblea Regional y que identifica los artículos que consideran que deben ser modificados, mejorados, suprimidos e incorporados en la reforma de la ley del Mar Menor.

También hizo referencia Zapata a la inseguridad jurídica que ha generado la ley de Mar Menor, que si bien escuchó la opinión del campo en el momento previo a su eleboración, luego no la tuvo en cuenta para su redacción. Además, hizo alusión, por ejemplo, a la obligatoriedad de las explotaciones agrícolas de poner setos pegados a un invernadero. «Si no quieres que corra el agua y se ha hecho una inversión fortísima, no tiene razón de ser. Los setos no solucionan nada», dijo.

Sobre la desnitrificación, Santiago Martínez recordó que durante tres años trabajaron con una cátedra de la UPCT para desnitrificar con astillas de madera con el asesoramiento de un técnico cubano. La cosa funcionó, pero la Confederación Hidrográfica «jamás lo ha tenido en cuenta». Pero es un tema que urge porque si no se baja el nivel freático del acuífero, «en dos o tres años, ninguno de nosotros somos conscientes de lo que pueda pasar ahí». En su opinión, si este punto no se soluciona, sumado a las restricciones del trasvase, los agricultores tendrán que emigrar como lo hicieron sus padres hace 50 años.

Santiago Martínez también recordó a una política de Ciudadanos que lo mantuvo negociando hasta las 3.00 am en Berlín, durante una Fruit Logistica, para que los fertilizantes no se prohibieran a 1.500 metros del Mar Menor, sino a 500, porque les parecía «una barbaridad» y ella estuvo negociando hasta altas horas y luego anunció los 1.500 metros. «Fue una tomadura de pelo».

Uno de los puntos más reiterados por Proexport y Fecoam ha sido la exigencia de consenso para reformar la ley. «Si después de ir a la luna no somos capaces de arreglar esto en Murcia, ¿de verdad? Somos el comentario a nivel nacional. No en el mercado, sino en la propia sociedad. Cada uno tiene su parte de culpa. Esto no es tan complicado», insistió Santiago Martínez apelando a que cada uno ceda un poco.

Manuel Martínez Madrid, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, centró su intervención en tres actuaciones o puntos básicos, que a su modo de ver, representan algo así como empezar la casa por los cimientos. La primera de ellas es la extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero cuaternario porque considera que se está pidiendo agua afuera, cuando hay agua en la Región que no se está utilizando.

También propuso la adopción de medidas para las escorrentías en la cabecera de las ramblas para reducir la llegada al Mar Menor, instalando elementos de retención, y en tercer lugar propone rehabilitar y potenciar los sistemas de drenaje natural y agrícola en el Campo de Cartagena. Además, añadió el desarrollo de medidas que reduzcan el aporte de nutrientes.

Se trata, dijo, de «actuaciones en materia de agua e infraestructuras que se deberían haber llevado a cabo y no se han hecho» y citó entre ellas la declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto de ampliación de la desaladora de Aguas Salobres de El Mojón y sus colectores (2006); y la declaración de interés general de las obras de recogida y eliminación de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena y su vertido al Mediterráneo, que estaba contemplado en los Presupuestos Generales de 2010. También hizo alusión a varias medidas incluidas en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2009/15 y a propuestas hechas por la propia Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, como las encaminadas a evitar que un volumen importante de aguas depuradas de las estaciones depuradoras puedan llegar al Mar Menor.

También desmintió que los agricultores del Campo de Cartagena no estén cumpliendo la ley y puso como prueba una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, del 3 de julio, que asegura que el grado de cumplimiento es del 91% en la zona. «Lo estamos consiguiendo. Hemos luchado mucho y lo hemos hecho a costa de mucho trabajo y de nuestro dinero. Les ruego que sean más estrictos, por favor», recalcó.

Asimismo destacó, citando datos de un catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, que el Campo de Cartagena genera más de 47.000 puestos de trabajo a jornada completa y más de 2.800 millones de euros anuales en valor añadido bruto. Este dato lo comparó con todo lo que se montó cuando Sabic anunció la regulación de empleo que afectaba a 137 trabajadores.

La intervención, eminentemente técnica del presidente de los regantes del Campo de Cartagena, no convenció al diputado de Podemos Víctor Egío, que le reprochó que sea vicepresidente de la Fundación Ingenio y que haya aportado 2,4 millones de los regantes a este «lobby» para «intoxicar a la opinión pública y comprar espacios en medios de comunicación». Con permiso del presidente de la Comisión, el popular Miguel Ángel Miralles, Egío se levantó y se marchó de la sala porque aseguró que no quería seguir «escuchando bulos». Miralles le reprochó que «jugara con ventaja» al lanzar acusaciones tan serias y no quedarse a escuchar las respuestas. El diputado del Grupo Mixto, añadió, está en su derecho, pero al popular le pareció «poco democrático» este modo de proceder.

En la misma línea, pero mucho más diplomático, el diputado del PSOE Manuel Sevilla, preguntó a Manuel Martínez Madrid por su relación con la Fundación Ingenio, si la financiaban y si compartía que las causas del estado actual del Mar Menor está en las aguas residuales y no en los nitratos.

Hubo también un rifirrafe entre Víctor Egío, representante de Podemos, y el responsable de Proexport, Mariano Zapata. El diputado utilizó un tono áspero en su intervención y Zapata guardó silencio, pero cuando le tocó hablar dudó entre llamarle señor o compañero a Egío, lo tuteó -punto que molestó especialmente al diputado de Podemos, que aseguró que no se le dio este mismo trato al resto de asistentes- y se enzarzó con él porque Egío, desde su asiento intentaba dialogar pese a que no tenía el uso de la palabra, como así se lo recordó el presidente de la Comisión de Asuntos Generales, el popular Miguel Ángel Miralles. Fue una situación que recordó el encontronazo de Egío con la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, en un pleno que tuvo que suspenderse recientemente porque el diputado de Podemos entendió que no le daban la oportunidad de hacer uso de su derecho a réplica por alusiones y desoyó a la Presidencia del Parlamento autonómico después de que lo llamaran al orden en varias ocasiones.

En la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional ha quedado meridianamente clara la predisposición de PP y Vox a reformar la ley del Mar Menor, entre otras cosas, porque son ellos los que promueven la modificación. Por su parte, el diputado del PSOE Manuel Sevilla ha asegurado durante el debate que ve en las reivindicaciones de las organizaciones agrarias «cosas asumibles» y otras en las que será «difícil llegar a un acuerdo» porque considera que primero toca desarrollar y aplicar la normativa vigente y luego hablar de modificarla. En todo caso, adelantó que «se va a trabajar para llegar al consenso». Podemos defiende un fondo de compensación al agro, similar al de Doñana, para compensar las pérdidas de los agricultores en el proceso de transición verde.

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