Productores de pollos y cerdos de la Región de Murcia prevén que los precios se disparen con la nueva normativa de la UE

En concreto, la organización profesional agraria señala que el kilo de pollo en los lineales se encuentra en torno a los 3,25 euros, pero si se adopta la norma se llegará a los 9,75 euros el kilo. «El estudio que ha elaborado la Unión Europea para cambiar la ley no ha contado realmente con nuestra opinión y no ha tenido en cuenta el impacto socioeconómico que deben soportar los granjeros y los consumidores», lamenta López.

Para contrarrestar la normativa, Coag ha iniciado una ronda de contactos con las autoridades comunitarias y españolas para presentar un informe sobre el efecto que tendría la modificación, al mismo tiempo que alerte del problema económico y de abastecimiento que podría generar la nueva Normativa Europea Reguladora del Modelo de Producción de Carne, sobre todo la prohibición de las jaulas en la producción de carne de pollo, cerdo y conejo. «Hemos reiterado desde Coag que siempre hemos considerado positivas todas las iniciativas para mejorar el bienestar animal en granja y así lo hemos hecho durante muchos años; sin embargo, estas normas tienen que estar basadas en evidencias científicas independientes, que tengan en cuenta el impacto socioeconómico de las medidas propuestas y que considere los riesgos, costes y necesidades que implica la eliminación total de las jaulas», incide López. Además, «ya existen normas de bienestar que no son antiguas (la de avicultura de hace 10 años y la de porcino de 2020) y que garantizan sobradamente el bienestar», insiste López.

Entre las principales recomendaciones presentadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria figura que la granja debería criar 11 kilos de pollo por metro cuadrado para reducir la densidad poblacional. En España, la normativa permite hasta 33 kilos de pollo por metro cuadrado, tres veces más de lo que se produciría si terminara por modificarse. «Los productores avícolas necesitarían realizar importantes inversiones, aumentar la capacidad de las granjas, por lo que el coste sería mucho más alto», explica José Miguel Marín, presidente regional de Coag-Ir.

Según el estudio elaborado por la UE, la granja de 1.800 metros cuadrados pasaría a tener una capacidad de 11.000 pollos para que no se superaran los 11 kilos por metro cuadrado exigidos, lo que supondría una pérdida de 22.000 plazas de pollos. «Esta normativa perjudicaría sobre todo a aquellas explotaciones más pequeñas y que ayudan a estructurar el medio rural, favoreciendo a aquellos grupos de gran envergadura que pueden hacer frente a una reducción de densidades a partir de un incremento de la superficie de su explotación», advierte Marín.

Desde la organización profesional agraria, el impacto económico de recuperar esas 22.000 plazas de pollos sería aproximadamente de un millón de euros de inversión, ya que, donde antes teníamos 1.800 metros cuadrados de nave, ahora se necesitan 5.400 metros cuadrados para producir lo mismo que ahora y cumpliendo con la normativa comunitaria. «Todo esto contando con tener los permisos necesarios para edificar más naves y subsanar esas pérdidas de capacidad», indica la organización. De acuerdo a los datos de la Comunidad Autónoma, había 116 explotaciones de pollo en 2022 en la Región de Murcia y 174 de cerdos.

«El bienestar animal no tiene por qué mejorar con estas medidas. Las naves actuales están preparadas con sistemas de calefacción, sistemas de refrigeración y sistemas de ventilación que aseguran, en todo momento y en todo tipo de circunstancias climáticas, unas condiciones óptimas de temperatura y calidad del aire. Criar a menos densidad no es sinónimo de tener estos parámetros mejor controlados. De hecho, puede ser más difícil y costoso conseguir mantener las temperaturas de una forma adecuada», precisa López.

Coag-Ir también advierte de que el coste de la producción de carne porcina se duplicará. De acuerdo a la nueva normativa, si se quiere mantener el censo en una granja tipo de 1.200 cerdas, las salas de parto de 16 cerdas deben transformarse para albergar 12 cerdas como máximo. «Esto significaría que tendríamos que construir una nave nueva con todos los componentes necesarios –ventilación, fontanería y electricidad, entre otros– para albergar 62 parideras y poder así mantener el censo», subraya la veterinaria, quien anticipa que se reduciría el número de animales al tiempo que se pagaría lo mismo que antes.

«Si los europeos queremos precios decentes, nos veremos abocados a la importación de productos de origen animal de dudoso origen», de terceros países, asevera López. Aunque las granjas de conejos tienen menos peso en la ganadería murciana, este sector también se vería afectado. «La norma no está vigente y aún se encuentra en fase de estudio», insiste la experta, que confía en que la Unión Europea atienda sus demandas antes de modificar la normativa, previsto para el primer trimestre del próximo año.