La principal acusada de agredir sexualmente a una presa niega que le introdujera los dedos en la vagina para buscar droga

Junto a ella se sientan otras tres mujeres que estaban presas ese año y que supuestamente colaboraron en la agresión. La fiscal pide 14 años de cárcel para cada una de ellas y el pago de una indemnización de 3.000 euros a los herederos de la mujer. Se da la circunstancia de que la víctima falleció recientemente y, según la defensa de dos de las investigadas acusadas de colaboración, antes de morir envío al juzgado dos cartas exculpándolas de lo sucedido. A esa misiva se aferraron ayer los abogados defensores de estas dos mujeres, que se encuentran en libertad, para pedir su absolución.

El juicio se celebró este miércoles en la Audiencia Provincial de Murcia, tras varios intentos de llegar un acuerdo — la última comparecencia en el juzgado de las partes se produjo en julio de 2021— que conllevaría una rebaja de las penas y que pasaría por un reconocimiento de los hechos, pero finalmente no hubo conformidad, ya que todas las acusadas declararon su inocencia.

La representante del Ministerio Fiscal recordó que la agresión sexual se produjo a las 18.30 horas del 3 de enero de 2019. La víctima había prometido a Esmeralda pagar una deuda con la droga que iba a recibir en un vis a vis ese día. El paquete con la sustancia estupefaciente, no obstante, fue detectado por las funcionarias de prisiones y nunca llegó a manos de la interna. Sin embargo, tal y como mantiene la fiscal, Esmeralda acorraló en el cuarto de baño que hay en el patio de la cárcel a la presa y le introdujo los dedos en la vagina donde creía que había escondido la droga; después, junto con las otras tres procesadas, que inmovilizaron a la víctima, abriéndole las piernas y vigilando para que nadie pudiera ayudarla, la obligó a ponerse en cuclillas y defecar en una bolsa de basura para que expulsase la cocaína que pensaba que escondía en su cuerpo. Una llamada de las funcionarias por megafonía a la víctima, precisamente para que compareciera ante ellas por el hallazgo de la droga, puso fin al acto vejatorio.

Los abogados de las acusadas expusieron que no se han aportado las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en el patio, «algo que clarificaría lo que ocurrió y las personas que pudieron estar implicadas». Pero tales imágenes no han sido aportadas a las diligencias y el caso, que ha quedado visto para sentencia, se fundamenta en las declaraciones de los implicados y los testigos. Entre estos últimos, compareció el médico del centro penitenciario, examinó a la interna tras la agresión. Afirmó que presentaba una herida sangrante en sus genitales y, a preguntas de la fiscal, manifestó que la causa podía ser compatible con la introducción de dedos en la vagina.

Otra de las claves para las defensas de las procesadas es el hecho de que una vez que ocurrió la supuesta agresión, las funcionarias de la prisión tomaron declaración a las presuntas implicadas sin estar presente un abogado, «algo que adultera el derecho a la defensa de las acusadas», por lo que uno de los letrados solicitó la nulidad de todas las actuaciones.