Presidencia aclara a los ayuntamientos que solo ellos vigilan las atracciones

La tragedia vuelve a abrir un debate sobre la seguridad de estas atracciones, así como sobre la responsabilidad que tienen las administraciones públicas sobre las mismas y las competencias en la labor inspectora. También sobre si la legislación autonómica al respecto ofrece garantías para que los padres que durante este verano irán a sus hijos a las ferias instaladas por toda la Región lo hagan con la certeza de que van a lugares seguros.

La Consejería de Presidencia, con competencias en lo referido a espectáculos públicos y actividades recreativas, considera que la normativa es suficientemente clara y queda reflejada en la Ley 2/2017 de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y el empleo en la Región de Murcia. Según esta, cuando la organización de la actividad venga de la iniciativa privada, tiene que solicitar a la Comunidad una declaración responsable, acompañada de informes técnicos por profesionales que justifiquen la seguridad del público (entre ellos, la certificación de montaje, suscrita por un técnico y visada por el colegio profesional correspondiente), así como la contratación del seguro correspondiente y el cumplimiento «de toda la normativa específica que sea de aplicación». Por contra, según la disposición octava de la mencionada norma autonómica, cuando el evento sea promovido por alguna administración pública, no se necesita autorización ni declaración responsable, sino que será la entidad promotora la que «deberá asegurarse de que la actividad organizada cumple todos los requisitos en materia de seguridad, medio ambiente u otra que resulte exigible». En cualquier caso, tanto en las ferias de iniciativa privada como en las organizadas por los entes públicos, la labor inspectora y de control será llevada a cabo «por funcionarios debidamente acreditados de las corporaciones municipales, los cuales, en el ejercicio de sus funciones, tienen el carácter de agentes de la autoridad».

En ese sentido, la Consejería de Presidencia pone dos ejemplos en las principales ciudades de la Región. Por un lado, la Feria de Septiembre en Murcia, que organiza el Ayuntamiento de la capital, a través de un convenio con los feriantes, y no interviene la Comunidad. En caso contrario, las fiestas de Carthagineses y Romanos en Cartagena, que promueve la federación, la cual todos los años solicita el permiso al Gobierno regional. En ambos casos, de la vigilancia se ocupa la Policía Local, pudiendo hacerlo también las fuerzas de seguridad del Estado. Recientemente, como publicó el sábado este diario, la Comunidad denegó la autorización a la asociación vecinal de El Albujón para montar una feria de atracciones.

Por su parte, el Consistorio de Murcia sigue en sus trece y asegura que solo tiene competencia cuando la feria se celebra en un suelo municipal, algo que no sucedió en el caso de Alquerías. Una versión que no comparte la Comunidad, que insiste en que la ley no diferencia entre espacios públicos o privados, sino entre promotores públicos o privados.

Fuentes municipales informan de que, del 1 de enero al 1 de junio de 2025, se han concedido 39 autorizaciones para instalación de ferias en espacios públicos, de las que 24 corresponden a solicitudes de juntas municipales y 15, a peticiones de entidades privadas.

Por su parte, Presidencia indica que durante todo el año 2024 se concedieron 176 autorizaciones para espectáculos extraordinarios y actividades ocasionales, de las que cinco correspondieron a ferias de atracciones.

Por su parte, desde el Colegio de Ingenieros Industriales de la Región señalan cada año se emiten cerca de un millar de visados de seguridad para ferias, conciertos y demás eventos en la Región, de los que aproximadamente la mitad corresponden al municipio de Murcia, aunque recuerdan que también tienen esta potestad los ingenieros industriales. Principalmente, se revisa la instalación eléctrica del recinto y de las atracciones, así como la estructura mecánica.

«Prefiero que los vecinos me critiquen por no poner caballitos a tener una desgracia como la que ha pasado en Alquerías». Son las palabras del alcalde de una pedanía de Murcia, que pidió que su identidad se mantuviera en el anonimato, cuando LA VERDAD le consultó esta semana si su junta municipal organiza con motivo de las fiestas patronales una feria de atracciones.

La mayoría de pedáneos murcianos consultados por este periódico aseguran que ellos nunca suelen promover la instalación de estas atracciones, sino que afirman que son los propios feriantes quienes, conocedores de que se van a celebrar las fiestas, solicitan previamente instalarse y gestionan los permisos con la autoridad competente, que no es la junta municipal. Por lo que les consta a estos alcaldes, las autorizaciones son tramitadas directamente con el Ayuntamiento de Murcia, aunque al tratarse de una entidad promotora privada, según lo establecido en la Ley 2/2017, deberían hacerlo con la Administración autonómica, aunque la vigilancia corresponda a la entidad municipal.

En otros casos, las organizadoras son las comisiones vecinales de fiestas integradas por vecinos, aunque la Comunidad recuerda que esta, si no va de la mano de la administración local, debe pedir permiso regional.

El presidente de la Asociación de Feriantes de Murcia, Miguel García, señala por su parte que «cada municipio tiene su forma de hacer las cosas». Mientras que la Feria de Murcia en el recinto de La Fica se organiza a través de un convenio entre la asociación y el Consistorio, en otras localidades como Caravaca hay bastante más intervencionismo por parte de los funcionarios municipales. Miguel García realiza un llamamiento a la tranquilidad, y a la confianza en la profesionalidad de los feriantes, pues «de San Juan al Rosario se instalan muchísimas atracciones por toda la Región, a las que acuden miles y miles de ciudadanos, y las incidencias son mínimas, aunque lo ocurrido en Alquerías es una desgracia que todos lamentamos profundamente, principalmente el propietario de la atracción».