Un posible bloqueo al CGPJ afectaría a las presidencias del TSJ y la Audiencia

A la espera de que la Junta de Portavoces de la Cámara Baja defina el orden del día del próximo Pleno del 15 de diciembre, el último del año, las previsiones son que la reforma se debata esa jornada dentro del cupo parlamentario de los socialistas. El principal objetivo de esta iniciativa es evitar que el CGPJ mantenga la potestad de seguir haciendo nombramientos mientras está pendiente de renovación, como es el caso en estos momentos.

De salir adelante la proposición de ley impulsada por las dos formaciones políticas que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez, ese veto paralizaría los nombramientos que se deban ir acometiendo en los próximos meses, al ir expirando los mandatos de los altos cargos de la Administración de Justicia, que tendrían que ser mantenidos en sus responsabilidades de forma interina y por tiempo indefinido.

Esta hipotética situación afectaría, en primer lugar, a la Audiencia Provincial de Murcia, cuyo presidente, Miguel Ángel Larrosa, cumplirá en mayo sus cinco años de mandato. El magistrado fue designado por el CGPJ para ocupar esa responsabilidad a finales de abril de 2016, pero no fue hasta el 6 de mayo cuando tomó posesión del cargo.

Poco después expirará, igualmente, el mandato del máximo responsable de la Administración de Justicia en la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, al frente del TSJRM desde junio de 2016.

Precisamente, los vocales del CGPJ cumplieron ayer dos años en funciones, con su renovación totalmente empantanada por el clima político de enfrentamiento entre el Gobierno de coalición y el Partido Popular, lo que se traduce en la imposibilidad de pactar los nombres que deben formar parte de este órgano para los próximos cinco años. Y esa tensión entre el Ejecutivo de Sánchez y el principal partido de la oposición, que se acrecentó con el aún reciente plan gubernamental para cambiar las mayorías necesarias para designar a los vocales del CGPJ, no parece que vaya a disminuir tras la propuesta conocida este jueves para impedir cualquier nombramiento desde ese órgano.

Estas iniciativas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos han venido mereciendo duros reproches y advertencias por parte de relevantes juristas, como las del magistrado murciano y vocal del CGPJ Juan Martínez Moya, quien el mes pasado alertó, en una entrevista en LA VERDAD, de que «la reforma no pasaría un test de constitucionalidad» y afirmó que «no vamos a consentir injerencias políticas, porque debilitarían el Estado de Derecho».

Ayer, la Comisión Europea volvió a recordar al Gobierno de España que cualquier reforma del CGPJ debe ser consultada con la oposición y organismos como la Comisión de Venecia, sin que en ningún caso tales planes pueda comprometer la independencia del poder judicial.