La Policía ve indicios de fraude en las ayudas públicas a la desaladora de Escombreras

Así lo confirmaron fuentes de la Fiscalía de Área de Cartagena a LA VERDAD. Y añadieron que, a la vista de las conclusiones de este informe, la titular del juzgado ha citado a declarar como investigados, en abril, a un empleado de Tedagua (del grupo Cobra) relacionado con la gestión de la factoría y a un trabajador de esta; y también ha ordenado la comparecencia como testigos de otras tres personas. Todo ello, dentro unas diligencias en las que se indaga, asimismo, la eventual implicación de trabajadores de la empresa pública Desaladora de Escombreras SAU en anomalías ligadas al contrato de explotación y mantenimiento de la factoría, a cambio de regalos y otras compensaciones.

Por el momento, no ha trascendido el importe de la posible estafa a las arcas públicas, si bien el punto de partida de las averiguaciones es la denuncia de un extrabajador de la planta que apuntó a una cantidad que podría llegar a los 120 millones de euros entre los años 2007 y 2016. Este antiguo trabajador –un administrativo despedido por Tedagua e investigado en otra pieza por el mismo juzgado por el presunto cobro de comisiones ilegales a empresas proveedoras a cambio de facilitarles trabajos en la planta– aportó a las autoridades judiciales un disco duro con un terabyte de información. Los datos, incluidos un millón de archivos de carácter contable y correos electrónicos aparentemente incriminatorios, fueron analizados de manera minuciosa por los especialistas de la Policía Nacional, cuyo informe para el juzgado tiene más de 120 páginas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia confirmaron ayer que el juzgado dictó recientemente un auto en el cual, junto a la citación de dos investigados y de tres testigos, acuerda librar «un mandamiento al Registro Mercantil para que emita certificación sobre diferentes cuestiones». Asimismo, la magistrada «requiere a entes públicos y mercantiles documentación relevante para la causa».

Parte de las pesquisas se orientan a detallar el papel jugado por diferentes autónomos y compañías proveedoras de bienes y servicios para la desaladora, que se habrían prestado a facilitar a Tedagua facturas con precios inflados o relativos a trabajos nunca realizados en la factoría. Algunas de estas empresas no habrían llegado, ni siquiera, a acceder a las instalaciones de la factoría de agua situada junto al puerto cartagenero de Escombreras, que sirve agua para usos agrícolas y urbanos. Según el extrabajador, el dinero obtenidos por Tedagua se habría desviado, entre otros fines, a desaladoras suyas en Badajoz, Rumanía, Argelia y Túnez.

Las decisiones adoptadas por el juzgado en esta causa han sido respaldadas por la Fiscalía de Área de Cartagena, dirigida en la actualidad por David Campayo y que solicitó en varias ocasiones el impulso de las diligencias y la entrega del análisis policial, dada la relevancia de los hechos bajo investigación y el riesgo de que la Administración de Justicia incurriera en dilaciones indebidas y en la prescripción de la causa.

En octubre pasado, la fiscal del caso pidió al juzgado que solicitara a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Murcia que remitiera, «sin dilación, la información requerida, precisa para la continuación del procedimiento». El informe fue solicitado por el juzgado en 2017 y la Policía lo entregó, de manera parcial, en 2019.

Este cuerpo pidió más tiempo, por su «notable carga de trabajo». Y, posteriormente, la Fiscalía realizó gestiones para reclamar el documento. En él, los agentes debían plasmar el análisis del contenido del disco duro sobre la supuesta 'caja b' de la planta de la Comunidad y de una trama dedicada a imputar gastos falsos o hinchados para cobrar las subvenciones.

Fuentes policiales aseguraron entonces que el informe completo fue remitido al juzgado en mayo de 2024 y apuntaron a una posible confusión suscitada por el hecho de que en 2020 se abrió una pieza separada sobre esta causa penal, a la vista de las acusaciones vertidas contra Tedagua por un exempleado de la desaladora.

Este diario contactó por escrito con Tedagua para conocer su versión, pero no hubo respuesta. Fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca indicaron que la Comunidad tiene «constancia» de la existencia de diligencias judiciales, pero no de que se refieran a un presunto fraude del que sería víctima. «No es algo que nos competa; es algo entre una empresa privada y sus proveedores», dijeron. Agregaron que hay un contrato entre Comunidad y Tedagua, sobre el que no han surgido conflictos, y que ya no se dan subvenciones.

Aludieron con ello a la investigación sobre un presunto delito de corrupción entre particulares y contra la Seguridad Social, un asunto que el juzgado aborda en unas diligencias distintas. Son las que afectan al ya citado exempleado de la planta, a quien uno de los proveedores denunció por haberle exigido el pago de 'mordidas' para poder realizar trabajos de pintura en dichas instalaciones y cobrar luego estos servicios.

Es un autónomo que grabó con su teléfono móvil el momento en que pagaba, supuestamente, una comisión de 4.500 euros en metálico a ese trabajador y cómo éste contaba los billetes. El dinero, según el empresario, equivalía al 3% de la factura pendiente de abono por Tedagua, que pertenecía al grupo ACS y tenía un contrato de mantenimiento con el Ente Público del Agua de la Comunidad. El denunciado negó las acusaciones y ofreció colaborar con la Fiscalía para desmontar la supuesta trama de la que habría sido víctima por discrepancias internas.

Las pesquisas policiales sobre la desaladora de Escombreras han arrojado también indicios de un presunto fraude a la compañía aseguradora de las instalaciones. La posible «estafa» habría consistido en inflar los gastos de reparación de los daños causados por un incendio en la planta, señalaron fuentes de la Fiscalía. En la última década, la Policía Nacional -que registró la planta en 2016- ha tenido un papel relevante en las investigaciones sobre la desaladora. Las principales pesquisas se refirieron al 'caso La Sal', instruido por un juzgado de Murcia. Se investigó a ocho empresas y diecisiete personas, entre ellas el exconsejero autonómico Antonio Cerdá, por presuntas irregularidades en la construcción y explotación de la factoría, cuyo coste pasó de 175 millones de euros a 600. En una pieza separada, en el año 2027 será juzgado el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel. La Fiscalía pide para él once años y medio de prisión por presunta prevaricación continuada, fraude continuado y malversación.