Un policía elude la cárcel tras asumir que colaboraba con una red de traficantes

Este policía se sentó ayer en el banquillo junto a otros 25 integrantes de una organización dedicada al cultivo de marihuana a gran escala en chalés de la Región. El agente también estaba acusado de un delito de revelación de secretos por aprovecharse de su profesión para facilitar a la organización datos que resultaban de interés para la misma, como operaciones policiales en marcha, órdenes de detención o requisitorias. Este delito lo saldará con una multa y una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante medio año.

Richy era considerado por el Ministerio Público la mano derecha del cabecilla de la banda, Enrique Antonio C. S., alias 'Kike'. La relación entre ambos se dejaba entrever en uno de los pinchazos telefónicos de la denominada 'operación Murciélago', en la que se escucha a Kike decir al policía: «Aquí no mando yo, mandamos los dos; una mano lava la otra».

El jefe de la organización, que inicialmente afrontaba penas que sumaban hasta 13 años y ocho meses de prisión, se conformó con una pena de cuatro años de prisión y varias multas. El resto de procesados asumieron también condenas que no excedían un año y nueve meses de prisión y, por lo tanto, no les obligan a pisar la cárcel. Sus abogados solicitaron, no obstante, la suspensión de las condenas. El tribunal deberá aún pronunciarse sobre esta medida que estará, en todo caso, condicionada al pago de las multas que se les impone.

Kike, el cabecilla de la banda, ha solicitado también la suspensión de su pena de cuatro años de cárcel alegando drogadicción y con el compromiso expreso de someterse a un tratamiento de desintoxicación. La Audiencia deberá, también, decidir si permite a este procesado conservar la libertad.

El acuerdo suscrito entre la Fiscalía y las defensas –entre las que se encuentran conocidos abogados como Raúl Pardo-Geijo, Pablo Martínez, Evaristo Llanos, Ángel Parra y José María Caballero, entre otros– contemplaba también el pago –ya lo realizaron– de las facturas por el consumo eléctrico que la red defraudó para sostener el cultivo de marihuana. El montante ascendía a unos 2.500 euros por cabeza.