La Policía arresta a 363 'pateristas' en 5 años con ayuda de testigos protegidos

«Desde el año 2019 hasta la actualidad, se han llevado a cabo un total de 219 investigaciones, fruto de las cuales se ha detenido a 363 'pateristas'. Y el 90% de ellos han sido condenados a prisión», destaca a LA VERDAD el jefe de la citada brigada policial, Victoriano Martínez. Y añade que, «sin embargo, lo más importante es que se ha asistido y auxiliado a 423 víctimas de las mafias del tráfico de personas bajo la cobertura de la figura del testigo protegido, ofreciéndoles cobijo, protección y ayuda».

La lucha contra el transporte ilegal de argelinos, marroquíes y sirios desde el norte de África hasta aguas españolas y, en concreto, hasta el litoral comprendido entre San Pedro del Pinatar y Águilas, se ha apoyado en el último lustro en declaraciones que reforzaron las sospechas y los indicios policiales contra los pilotos. E incluso el testimonio de los supervivientes ha favorecido el esclarecimiento de naufragios en los que murieron personas de todas las edades, incluidos niños y mujeres embarazadas, y la detención y puesta a disposición judicial de quienes (normalmente dos personas que se turnaban durante el viaje a Cartagena y otros municipios) patroneaban las pateras.

«La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se encuentra en un momento óptimo, con unos funcionarios policiales altamente cualificados que están desarrollando grandes servicios operativos y que son un referente a nivel nacional e internacional. En materia de investigación de tráfico de migrantes a través de pateras, somos un ejemplo para el resto de España y Europa; hemos desarticulado muchas organizaciones criminales y hemos conseguido que ninguna de ellas se asiente en la Región de Murcia», afirma Martínez.

Una de las últimas operaciones de la Policía desembocó en el apresamiento de nueve hombres de origen argelino, tres de ellos menores de edad, acusados de patronear pateras hasta la Región. Según informó la Policía Nacional el 4 de noviembre, el juez de guardia envió a los seis adultos a prisión privisional sin fianza, a la espera de juicio. Afrontan penas de entre cuatro y ocho años de cárcel, por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Mientras, los adolescentes ingresaron en un Centro Tutelado de Menores.

«Los agentes especializados de la Policía Nacional pudieron recopilar las declaraciones de testigos e indicios necesarios para identificar plenamente a los patrones de las embarcaciones que llegaron a las costas de la Región de Murcia» con decenas de personas a bordo, señaló la Policía en un comunicado. Y recordó que, en las travesías, con las que las mafias se enriquecen y en las que cada vez hay más patrones menores de edad, los inmigrantes se enfrentan «a condiciones climatológicas adversas y sufren los efectos nocivos de la larga exposición al sol y al agua de mar».

La Policía Nacional trabaja junto a Frontex (la agencia europea de fronteras y costas) y a la Delegación del Gobierno, donde recuerdan que en esta institución recae la coordinación de distintos organismos, como Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima y Guardia Civil. Este cuerpo también tiene una destacada actividad en este campo y ha desarticulado a numerosas organizaciones ligadas a las pateras.

Alcaldes y alcaldesas de la Región de Murcia han aumentado las peticiones para que la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional lleve a cabo intervenciones en sus localidades, en colaboración con las policías locales, para atajar infracciones administrativas y posibles actividades delictivas. Así lo confirmó a LA VERDAD el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y alcalde de Ulea, Víctor Manuel López Abenza.

Este señaló como motivos de preocupación de las autoridades locales la existencia de 'pisos patera' y 'casas patera', tanto en núcleos urbanos como en diseminados rurales. Y se refirió a las condiciones de hacinamiento e insalubridad, el abuso del empadronamiento y la existencia de personas y de mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad de los inmigrantes y que pueden estar vinculadas al tráfico de drogas y otra actividades ilícitas. «En los ayuntamientos y entre los vecinos, hay una lógica preocupación y la intervención de los cuerpos policiales es fundamental», dijo López.

Fuentes de la Delegación del Gobierno indicaron que, ante la demanda de los ayuntamientos, se han «mejorado» los mecanismos de colaboración entre la Policía Nacional, «que tiene las competencias en materia de Extranjería en todo el territorio nacional», y las policías locales y la Guardia Civil, que están presentes en los municipios.

Sobre los extranjeros en situación irregular en la Región, en la Delegación declinaron dar datos. Fuentes de toda solvencia indicaron que, en los últimos cuatro años, la Policía ha tramitado más de 8.000 órdenes de expulsión y que apenas se han ejecutado un 10% de ellas, debido a problemas con Marruecos y Argelia. En la Delegación admitieron la existencia de un freno en las deportaciones, porque «Argelia dejó de colaborar en la identificación de sus nacionales en los consulados en marzo de 2022, a raíz del conflicto diplomático generado por el Sáhara». Días atrás, Argelia levantó las restricciones al comercio con España impuestas en junio de ese año.

«En la Brigada de Extranjería se pretende priorizar las ejecuciones de las expulsiones de inmigrantes, tanto extranjeros como comunitarios, que cuenten con antecedentes policiales y / o judiciales graves, tales como delitos contra las personas, delitos sexuales, etcétera», afirma el jefe de la Brigada, Victoriano Martínez. Y añade que, «por lo tanto, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad de las expulsiones».

«Generalmente, se van ejecutando las expulsiones según los respectivos consulados van reconociendo y documentando a sus nacionales. Evidentemente, en la mayoría de ocasiones depende más de los consulados que de la propia labor policial», añade. Y en la Delegación, que dirige Mariola Guevara (del PSOE), aseguran que «ningún elemento estadístico avala que el aumento de la inmigración, regular o irregular, se traduzca en un crecimiento de la criminalidad».