El diputado autonómico de Podemos Víctor Egío preguntó este viernes al consejero de Salud, Juan José Pedreño, por la presunta red que, según esta formación, ha usado los quirófanos del hospital Virgen de la Caridad, en Cartagena, para supuestamente realizar operaciones estéticas de la mano de profesionales no acreditados. Egío trasladó esta cuestión durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional, en un Pleno que contó como público con los familiares de Sara Gómez, la joven de Alcantarilla fallecida en 2023 como consecuencia de una liposucción realizada en esa clínica.
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Egío recordó otros casos similares conocidos a lo largo de 2024 , como el de una supuesta cirujana «conocida como Reina de la Cirugía Estética, que ni siquiera estaba habilitada para ejercer en España». Apunta Podemos que esta persona operaría en torno a 50 mujeres cada vez que pasa por España, una trama que se ha levantado recientemente y que también afecta al que fuera anestesista de Sara Gómez, investigado por otros tres delitos por su participación en estas operaciones.
«Usted no puede decir que no sabía nada», según Egío, que detalló que, el 17 de julio del año pasado, la familia de Sara Gómez registró un escrito dirigido a la Dirección General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria, con «todo lujo de detalles sobre esta trama». «¿A qué esperan para suspender ya definitivamente al anestesista de esta trama? ¿Por qué permiten que los quirófanos del Virgen de la Caridad funcionen como un piso patera?», preguntó el diputado de Podemos.
En su respuesta y réplica, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, señaló que «según las actuaciones que se han llevado a cabo en la inspección de este centro, no hay ninguna red que tenga profesionales que no estén acreditados». Además, mantiene que «el caso está judicializado y los funcionarios de la consejería colaborarán con la justicia en lo que se necesario».
Pedreño recordó que la Consejería cuenta con un Plan de Inspección de servicios sanitarios para 2024-2025 y que con ello se pretende «garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos». Lo que sí ha admitido el consejero es que «ha habido un auge importante de estos centros que habrá que regular».
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