La población de perros peligrosos se dispara en 318 en un solo año

Pero la cifra del Siamu recoge aquellos perros que están identificados con un microchip, por lo que no están en esa lista todos los que son, y quedan fuera del radar de las administraciones los canes cuyos dueños no han dado de alta a sus animales. Y no hay forma de saber exactamente cuál es la cifra real, tal y como asegura Luisa Medina, vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de la Región. Aunque existen estimaciones que apuntaban a que antes de la pandemia había entre un 30 y un 40% de los perros PPP sin documentación, resulta imposible saber a ciencia cierta cuántos animales no están regularizados.

«Por desgracia quedan muchos sin la identificación, sobre todo en el caso de gatos», apuntan desde el órgano colegiado, que achacan a la falta de concienciación los casos de animales sueltos, sin identificar y sin licencia. «Gracias al trabajo de los veterinarios en las clínicas, cada día se 'microchipan' más animales. Pero los que no llevan el chip, no están censados y carecemos de sus datos», subraya Medina.

Desde el Colegio de Veterinarios aseguran que otra de las razones por las cuales no se identifican a los animales es por la falta de sanciones. «Ahora, con la nueva ley, la multa por no tener identificado un can será de más de 10.000 euros porque se considera una sanción grave. Es necesario que se lleve a cabo cada sanción, porque hasta ahora muchas se quedaban en papel mojado y sin tramitar», afirma la vicepresidenta de los veterinarios.

El pasado 29 de septiembre entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal. La norma que busca mejorar la protección de los derechos de los animales, «y tiene buen fondo», señala Medina, se aprobó con un vacío legal, ya que carece del desarrollo reglamentario que concrete su aplicación en los aspectos más novedosos como es el seguro obligatorio y el curso de formación para los dueños.

«No resulta aplicable hasta que se produzca la implementación de los preceptos», según exponía una nota del Ministerio de Derechos Sociales. Otra cuestión polémica, que fue finalmente excluida de la ley y que, por tanto, sigue como estaba, afecta al régimen de los perros peligrosos que iban a dejar de tener esa catalogación por razas de peligro potencial para pasar a ser evaluados por el carácter de cada can.

El último ejemplo de la capacidad de ciertas razas de perros de causar lesiones muy graves e incluso la muerte ocurrió la semana pasada cuando una vecina de Alguazas, de 96 años, falleció el pasado sábado tras sufrir un ataque cuatro días atrás por dos canes de cruce de american staffordshire terrier y american bully.

La gravedad del suceso puede llevar a la cárcel a los propietarios de los dos perros que atacaron mortalmente a la anciana en la pedanía alguaceña de El Paraje. Aunque el caso se encuentra aún en plena investigación por parte de la Guardia Civil, el alcalde de Alguazas, José Gabriel García, aseguró que los dueños, dos jóvenes de 24 y 25 años censados en Molina de Segura, podrían enfrentarse a un presunto delito por homicidio imprudente.

«Se ha constatado que los perros se escaparon por una arqueta de riego que estaba sin sellar. Por ello, vamos a emplearnos con todas las consecuencias para que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley, tanto administrativa como penalmente», dijo el regidor.

En este municipio, se interpusieron en los últimos cinco meses 12 sanciones a propietarios de perros: cinco por no estar identificados, tres por no tener vacunas, tres por no evitar que se escaparan y una por abandono. Asimismo, desde el Ayuntamiento indican que existen 202 perros censados, 65 de ellos con licencias de perros potencialmente peligrosos.