La oposición cargó este viernes con dureza en la Asamblea Regional contra la gestión de la Consejería de Salud, cuestionada por un informe del Tribunal de Cuentas que advirtió este verano de derivaciones sistemáticas de pacientes a la privada al margen de la ley ... de contratos. El Tribunal detectó que, de los 30,7 millones de euros destinados al pago de asistencia sanitaria por medios ajenos en 2022 en el área I de salud (La Arrixaca), 23 se adjudicaron sin respetar lo establecido en la normativa. En algunos casos, se mantuvieron contratos que en realidad ya estaban extinguidos y se extendieron «de manera indebida», mientras en otros ni siquiera se formalizaron tales contratos. La diputada socialista Marisol Sánchez Jódar puso este viernes el acento en otro aspecto que recoge el informe y que en su momento pasó más desapercibido, cargando contra «la falta de transparencia en las listas de espera».
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«La Región de Murcia no ha regulado la forma de hacer pública la información sobre listas de espera, ni en su forma ni en su contenido», advirtió citando al Tribunal de Cuentas. Este organismo detectó «un desfase entre la fecha de introducción en el sistema de las entradas y salidas y la fecha real» de los pacientes en lista de espera en el Servicio Murciano de Salud. En concreto, el manual que regula la forma de inclusión de los pacientes en la lista de espera quirúrgica establece dos pasos. Primero, el facultativo introduce en el sistema el acto clínico, de forma que el paciente queda «pre-incluido en la lista de espera». Después, se requiere «la aceptación de la orden clínica en el sistema». El Tribunal advierte de que «existe riesgo de infravaloración del número de pacientes en lista de espera» debido a que «el manual no indica el momento en que debe realizarse la aceptación de la orden clínica en el sistema, quedando sin computar por un tiempo indefinido los pacientes pre-incluidos».
La diputada socialista Sánchez Jódar denunció la «falta de integridad en la información de las listas de espera» y subrayó que «no se garantiza el principio de equidad». «Mienten cuando dan los datos de listas de espera, son falsos, y son incapaces de garantizar la equidad en el acceso a la sanidad pública», aseguró. En relación a las derivaciones, Sánchez Jódar lamentó el «incumplimiento de los principios de transparencia y concurrencia».
La diputada de Podemos, María Marín, que en su día dio a conocer el informe, exigió la apertura de una comisión de investigación sobre todos los conciertos del Servicio Murciano de Salud con la sanidad privada, y se preguntó «a cuánto ascenderá el pufo» en las nueve áreas de salud, teniendo en cuenta las irregularidades detectadas en el área I. Marín recordó que a lo conocido por el informe del Tribunal de Cuentas se suman ahora los presuntos sobrecostes en la compra de prótesis vasculares, unos hechos que han sido investigados por la Inspección de la Consejería de Salud y están en estos momentos en manos de la Fiscalía.
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Frente a las críticas, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, defendió que «todas las actuaciones y decisiones que se toman en el SMS se desarrollan al amparo de la legislación vigente y con el correspondiente amparo jurídico». Sobre las listas de espera, afirmó que Salud se ajusta a los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad, y recordó que las derivaciones a la privada están amparadas por la Ley General de Sanidad. Con todo, «la Región se encuentra muy por debajo de la media nacional en actividad concertada». En concreto, la Región «destina solo el 5,5% del presupuesto anual» a los conciertos sanitarios, «situándose 3 puntos por debajo de la media nacional».
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