Les piden 7 años por vaciar su constructora para no indemnizar a unos clientes

Siete años de cárcel, a razón de tres años y medio por cabeza, solicita la Fiscalía para un constructor de Molina de Segura, Fulgencio C.L., y para su hijo Sergio C.C., también empresario, como supuestos responsables de un delito de insolvencia punible. Ambos están acusados de haber vaciado presuntamente una empresa de todo su patrimonio para evitar el pago de una indemnización a unos clientes.

Estas diligencias penales tienen su origen en la sentencia que un juzgado de Primera Instancia dictó en 2015 contra la empresa Promociones Fulgencio Cutillas SL, de la que era administrador único Fulgencio C.L., por la que se le condenaba a abonar 217.823 euros a la comunidad de vecinos del edificio Balcones de Europa III de Molina de Segura, debido a los daños que habían surgido en un inmueble construido por esa firma: grietas y fisuras, rotura de baldosas de las terrazas y patios y deficiencias de alicatado. La Audiencia ratificó el fallo en 2017 y el Tribunal Supremo rechazó en 2019 admitir a trámite un nuevo recurso del constructor.

Durante ese periodo, sin embargo, Fulgencio C. habría vaciado de patrimonio su empresa promotora con ayuda de su hijo, «previamente concertados y actuando de común acuerdo, con el propósito de imposibilitar o dificultar el cobro de la deuda objeto del proceso de ejecución», según establece el fiscal en su escrito de calificación.

De esta forma, habrían traspasado una nave industrial y dos locales a la firma propia Future Plan 21, mientras que otro local comercial lo transferían a la firma Vado Blanco Gestión, administrada por su hijo.

Con esa supuesta actuación ilícita se habría impedido hasta ahora que los dueños de las viviendas afectadas por desperfectos hayan podido percibir sus legítimas indemnizaciones, ya que tampoco el dinero que los empresarios percibieron por esas transmisiones ha podido ser hallado.

Las diligencias motivaron meses atrás que tanto el constructor como su hijo fueran procesados y ahora la Fiscalía ha formulado sendas peticiones de tres años y medio de cárcel, además de inhabilitación especial para el sufragio pasivo por el tiempo de la condena y respectivas multas de 6.000 euros. El juicio se celebrará en los próximos meses.