El TSJ pide una «desescalada» en los ERTE para aliviar el tsunami judicial

«La avalancha vendrá. No tenemos dudas». El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, dejó este jueves patente la preocupación que existe en los juzgados por el «extraordinario incremento de la litigiosidad» que se espera que se produzca en los próximos meses. En este sentido, alabó las medidas de contención desplegadas por el Ejecutivo central para parar los pies a algunos de los estragos derivados de la Covid -como los ERTE y las moratorias concursales- y reclamó una «desescalada gradual» de éstas para evitar una saturación mayor de una justicia ya muy congestionada.

Pasqual del Riquelme hizo hincapié en que, a lo largo de estos meses, se han desplegado medidas que han logrado «congelar» el problema, pero insistió en que éste sigue ahí. A lo largo del pasado año, los despidos se incrementaron un 5,2%. El presidente del TSJ advirtió de que esa cifra «solo es la punta del iceberg de lo que esperamos que ocurra» una vez que finalicen los ERTE.

El líder de la magistratura murciana puso encima de la mesa una nueva memoria judicial en la que escasean las buenas noticias. La pandemia se ha dejado notar con fuerza en los juzgados murcianos, que el año pasado ingresaron 182.575 asuntos. Aunque la cifra supone un 9,6% menos de casos de los que se contabilizaron en 2019, la capacidad resolutiva de los tribunales regionales también descendió, casi un 10%, en un año marcado por la pandemia y la consiguiente paralización judicial.

El balance de este año sin precedentes resulta, sin embargo, muy dispar en las diferentes jurisdicciones. Los órganos de lo Civil consiguieron dar salida a cerca de 67.000 asuntos, apenas un 0,5% menos que en 2019, pese a las especiales circunstancias que marcaron 2020. La resolución en los juzgados de lo Penal y lo Social, sin embargo, sufrió un batacazo de un 15,5% y un 16,8%, respectivamente. El presidente del TSJ achacó estas cifras a las dificultades con que tropiezan estas jurisdicciones a la hora de celebrar vistas de forma telemática.

Con este orden de cosas, los magistrados cerraron el pasado año con la friolera de 127.443 asuntos pendientes de respuesta, un 10,2% más que un año antes. «El sistema de Justicia es incapaz de asumir la entrada de asuntos», reconoció Pasqual del Riquelme.

El fuerte impacto que la pandemia ha causado en la Justicia murciana no ha hecho sino engordar un atasco que lleva años nutriéndose de la elevada carga y la escasa dotación de medios de que adolece esta administración. Lastrados por la elevada litigiosidad -de 120,8 asuntos por cada mil habitantes, la tercera cifra más elevada del país- y por la baja ratio de jueces por habitante, los juzgados murcianos arrastran una tasa de pendencia muy por encima de la media nacional.

Esta realidad se traduce, al final, en una mayor espera para obtener la ansiada respuesta de los jueces. La duración media de los asuntos en la Comunidad, advirtió el presidente del TSJ, está muy por encima de la media. Un murciano, por poner un ejemplo, aguarda una media de 10,1 meses para obtener una primera respuesta para un asunto civil en un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Los juzgados españoles, sin embargo, tardan una media de 7,4 meses en despachar estos casos. Esta jurisdicción dirime desahucios, reclamaciones de deudas, daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tráfico, pero también tramita separaciones y divorcios y establecimiento de pensiones de alimentos para los hijos.

Con esta situación, el TSJ hizo hincapié en que son necesarios 16 nuevos órganos en la comunidad, aunque prioriza siete de ellos de cara al próximo año. Reclamó una plaza de magistrado en la Sección Quinta de la Audiencia, en Cartagena; tres juzgados de Primera Instancia en Murcia, uno en Cartagena y sendos juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Lorca y Molina.