El Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia ha emitido un duro dictamen sobre un proyecto de decreto de la Comunidad ... Autónoma para una nueva regulación del sector de las máquinas recreativas y de los juegos de azar, pues estima que el texto, tal como está redactado, no tendría «los efectos positivos» a los que deben aspirar estas reformas normativas.
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El principal reproche se deriva del hecho de que las limitaciones contempladas a la instalación de nuevos establecimientos son las referidas únicamente a las distancias que deben mantenerse entre locales. Así, la propuesta es que el vigente reglamento se modificaría para que en ningún caso fuera posible abrir una sala de juegos a menos de 500 metros de centros docentes, o cuando existan otros salones de juego, casinos, salas de bingo o locales de apuestas autorizados en un radio inferior a mil metros.
4.263 habitantes en la Región por cada sala de juego, lo que supone con diferencia la mayor tasa de España, según el anuario de la patronal Cejuego. La tasa media en todo el país se sitúa en 13.326 habitantes por establecimiento, tres veces menos que en Murcia.
363 salones de juego había contabilizados en la Región el año pasado, con un incremento muy relevante desde 2014, en que había 204.
54,8% de las personas con ludopatía encuestadas en el 'Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego', coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego, sufría una adicción grave, hasta acumular deudas que alcanzaban los 20.000 euros.
600 llamadas al mes atendió en 2018 la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. El 84% de esas peticiones de ayuda correspondían a personas con edades situadas entre 18 y 50 años.
Igualmente, según el proyecto legal autonómico sometido al análisis del órgano asesor, tampoco podrá autorizarse la instalación de salas de bingo en un radio inferior a 1.500 metros de otra ya existente, ni a menos de 500 metros de un centro educativo.
Pese a estas restricciones, el CES critica que la Administración regional no se haya planteado establecer «cupos o números máximo de locales, ni regionalmente ni por localidades», sobre todo teniendo en cuenta que la Región de Murcia tiene un porcentaje «exorbitante» de este tipo de establecimientos.
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En concreto, recuerda que el Anuario del Juego en España de 2019 deja patente que en la Región hay un salón de juegos o apuestas por cada 4.263 habitantes, muy por encima de la segunda comunidad con más establecimientos de ese sector, Baleares, con un local por 7.897 habitantes (casi el 50% más), mientras que para el resto de las comunidades esas ratios oscilan entre los 10.000 a 60.000 habitantes. En resumen, Murcia tendría un índice hasta catorce veces superior a otras regiones, lo que justifica que el CES afirme que esa cifra es «desmesurada».
De esta manera, establecer en el proyecto de reforma normativa la distancia entre establecimientos como único criterio para limitar su expansión incontrolada no se justifica, en consideración del CES, cuando se parte de una situación tan sobredimensionada como la que padece la Región. Y más teniendo en cuenta, advierte, que el precepto relativo a la distancia mínima a mantener puede limitar, pero en absoluto impide que se sigan implantando otros locales de juego y apuestas, siempre y cuando cumplan el requisito.
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De ahí que la primera consideración del CES sea que la reforma legal debería contemplar la fijación de un cupo o número máximo de negocios de esas características, porque la propuesta actual no tendría «los efectos positivos» a que debe tender, y ni siquiera atendería a las conclusiones de la sesión del 29 de marzo de 2019 de la Comisión del Juego y Apuestas de la Región de Murcia, que estableció que «el objetivo del Proyecto de Decreto debe ser revertir una sobreoferta de salones de juego, que ha pasado de 204 en 2014 a 347 en 2018». Esto es, que en vez de permitir que se sigan instalando nuevos establecimientos, aunque sea a una distancia cada vez mayor entre ellos, se adopten normas para tender a su progresiva reducción.
Las razones de tales advertencias se encuentran en el hecho de que, como recuerda el CES, no se puede olvidar «la dimensión del juego en su incidencia patológica, es decir, la que es generadora de un problema social y de salud pública tan importante como el que representa la ludopatía, siendo su prevención y corrección el bien jurídico más prevalente a proteger en estos momentos desde las administraciones públicas».
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El órgano consultivo concluye su dictamen valorando positivamente el esfuerzo del Gobierno regional de regular el sector, combinando la protección de los consumidores con los intereses comerciales, pero insiste en la necesidad de ir bastante más allá en las limitaciones para abrir nuevos establecimientos. De ahí que recomiende la realización de un amplio estudio, a modo de Libro Blanco, que permita de forma gradual «que los salones de juego y locales específicos de apuestas ya existentes se adecuen a una oferta más proporcionada. Y ello teniendo siempre presente «la prevalencia del interés público, que se erige en la finalidad primordial y fundamento» de cualquier actuación administrativa.
El informe del CES recoge datos de varios informes sobre juego y ludopatía. Así, señala que la Memoria de Actividades de 2018 de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados pone de relieve que se atendieron más de 600 llamadas al mes, de las que el 84% correspondían a personas de entre 18 a 50 años y, por sexos, un 79% eran hombres. A su vez, el 'Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica española', de 2017, coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego, señala que el 54,8% de los afectados presentan un trastorno de juego grave, lo que le lleva a apostar a más de cuatro tipos de juego distintos y a acumular deudas superiores a 20.000 euros. La ludopatía, concluye el CES, es un problema que aumenta «con notable rapidez».
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