Pesimismo entre los economistas ante la reforma del sistema de financiación

No es extraño que el pesimismo vuelve a instalarse sobre lo que se puede esperar de los cambios de este sistema, aprobado en 2009 y caducado desde 2014. Al menos, así lo ve José Carlos Sánchez de la Vega, que formó parte del comité de expertos reunido en 2017, entonces, por el Gobierno de Mariano Rajoy para analizar las modificaciones necesarias. El director técnico del barómetro del Colegio de Economista de la Región de Murcia explica qué es lo que hace ser «cada vez más pesimista» sobre la posibilidad de que la reforma se lleve a cabo «en un plazo breve»: «Lo primero que tiene que haber es una propuesta del Ministerio de Hacienda para posteriormente abrir la negociación con las comunidades. Y, por el momento, no la hay».

Para Sánchez de la Vega, el modelo de financiación genera desigualdades entre territorios. En eso también incide el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU, Samuel Baixauli, que señala que «mientras algunas regiones han sido beneficiadas con una sobrefinanciación, la Región ha sufrido una infrafinanciación extrema, convirtiéndose en un agujero en la línea de flotación de su economía». Añade que el sistema «no ha sido capaz de garantizar los ingresos necesarios para que todas las comunidades autónomas puedan asumir sus competencias con suficiencia financiera». Un estudio de 2024 encargado por la Comunidad al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) calculó que el 95,5% de la deuda autonómica (11.396 millones en 2022) es atribuible a la brecha que abre el sistema de financiación.

Otra de las entidades que más análisis ha aportado sobre este asunto es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Su director, Ángel de la Fuente, explica que «el sistema es excesivamente complejo, poco transparente y el reparto de recursos poco equitativo. Hay problemas graves de falta de responsabilidad fiscal». Fedea fue la primera en proponer un fondo de compensación transitorio que defienden comunidades como Murcia, Valencia o Castilla-La Mancha. Pero afina más el tiro y propone eliminar el fondo de suficiencia, el de cooperación y del competitividad y sustituirlos por un fondo de garantía, al que las comunidades aporten una parte de los fondos tributarios y que después se reparta con un criterio de población ajustada.

Estos economistas no ven la condonación de la deuda planteada por el Ministerio de Hacienda como una solución al problema. Sánchez de la Vega calcula que reduciría unos 170 millones de euros los intereses que paga la Comunidad. «Sería un alivio para las arcas públicas, pero el problema de fondo seguiría existiendo», subraya. Samuel Baixauli lo describe a través de una metáfora: «Sería el equivalente a achicar agua de un barco sin tapar el agujero por el que se filtra».

Si en algo coinciden también es en lo difícil que resulta encajar la financiación singular que el PSOE acordó con ERC. Según De la Fuente, «cambiaría radicalmente la situación, ya no estamos hablando de reformar el sistema, sino de sacar a Cataluña de él». Sánchez de la Vega ve que Cataluña tiene unas demandas que, «de ser aceptadas por el Gobierno, harán que se encuentre con el rechazo frontal del de las comunidades autónomas del régimen común, incluidas las socialistas».

En su opinión, todo dependerá de lo que pase con Cataluña, porque desde el punto de vista estrictamente tributario y económico no tiene por qué haber problema: «Ahora las cuentas públicas están mejor que 2017 porque la recaudación ha mejorado y hay margen». Precisamente ese año 2017, el comité de expertos que integraba planteó para esa modificación ir hacia un IVA e impuestos especiales con un tramo autonómico colegiado, lo que mejoraría su capacidad recaudatoria, como recuerda Ángel de la Fuente.

Pero la cosa no queda aquí. Uno de los pilares de este sistema de financiación son las entregas a cuenta de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Si el Gobierno central no aprueba el Presupuesto, no se podrá actualizar la cifra que se había adelantado y la Región vería mermada esta aportación en 268 millones sobre lo que calculó inicialmente el Ministerio de Hacienda. A eso hay que sumar que el decreto ómnibus que fue rechazado esta semana por el Congreso por PP, Vox y Junts incluía otra actualización de esas entregas. El propio Ejecutivo elevó a 257 millones la cantidad que también dejará de llegar a las arcas públicas de la Comunidad. Si el asunto ya es de por sí difícil, las complicaciones pueden seguir creciendo, como se ha visto estos días.