El agujero que dejó Caja Mediterráneo (CAM) en el año 2011 tendrá una factura final de 10.000 millones de euros a causa de los préstamos, los inmuebles tóxicos del 'boom' del ladrillo y los fallidos del crédito a promotores que conformaron la bolsa de pérdidas que hundió la antigua entidad arraigada en la Región de Murcia y Alicante. Este coste lo están asumiendo desde el año 2012 el Fondo de Garantía de Depósitos y Banco de Sabadell a través del Esquema de Protección de Activos (EPA) que acompañó a la operación de venta de la caja -por el precio simbólico de 1 euro- a la entidad que preside Josep Oliu.
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La vigencia del escudo de protección para hacer frente a los activos problemáticos de la CAM finaliza en el año 2021. Hasta ahora, Banco Sabadell ha recibido del Fondo unos 4.500 millones -el último cheque es de 1.000 millones- que corresponden al 80% de las pérdidas. Este montante llegará a los 8.000 millones dentro de dos años, explicaron fuentes del banco. El 20% restante de las pérdidas generadas por estos activos los paga Banco Sabadell.
El fiasco de Caja Mediterráneo se tradujo en una cartera de 28.000 millones de euros de productos dudosos, fallidos y problemáticos que Banco Sabadell va digiriendo a través del EPA y de las provisiones que tenía la propia CAM, valoradas en 3.882 millones de euros, que fueron inyectadas desde el primer momento de la venta. El naufragio de la CAM, que fue definida como «lo peor de los peor» por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tendrá al final un coste acorde con las estimaciones que hizo el Sabadell.
El saneamiento de los activos dudosos se saldará con un tercio de pérdidas. La cartera del EPA ha disminuido en un 87% desde el año 2012 debido a la gestión de Banco Sabadell y de su inmobiliaria Solvia, que acaba de vender. De los 24.644 millones iniciales se ha pasado a 3.116 a través de la venta el año pasado de dos paquetes por valor de 9.100 y 2.400 millones de euros al fondo estadounidense Cerberus y a Deutsche Bank, respectivamente. Otra parte se liquidó con la gestión inmobiliaria de Solvia, que aún tiene 10.400 inmuebles sin vender en la Región de Murcia.
El Fondo de Garantía de Depósitos se nutre con las aportaciones de la banca y del Frob (la parte pública). Para hacerse cargo de las pérdidas derivadas del EPA, tiene que avalar previamente los precios de los activos problemáticos de acuerdo con la valoración de mercado.
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