Pau Marí-Klose (Ibiza, 1972) conoce bien los mecanismos de la pobreza. El profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza ha estudiado este fenómeno y desempeñó el cargo de Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil entre 2018 y 2019. Además, como ... diputado del Partido Socialista en el Congreso, trabajó en el proyecto de ley del ingreso mínimo vital (IMV). Hoy participa en la jornada 'Hacia una estrategia regional de lucha contra la pobreza'. El acto lo organizan el Consejo Económico y Social y EAPN (organización que combate este problema) y se celebra en la Cámara de Comercio de Murcia.
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–¿Qué consecuencias se derivan de los altos índices de pobreza con que cuenta el país y, en concreto, la Región de Murcia?
-Los datos hablan de que tenemos una sociedad bastante desigual, y esto no solo es que suponga una injusticia o una situación de frustración o de humillación para muchos hogares, sino que tiene traducciones sociales que tienen bastante importancia para el futuro de una sociedad, generando, por ejemplo, problemas de salud o abandono escolar prematuro. Las cifras de la Región de Murcia son sensiblemente mayores que las del conjunto de España, que ya son bastante altas en comparación con las cifras europeas, y esto debe ser un motivo de preocupación.
–¿Qué está fallando?
-Lo primero, el mercado de trabajo, que genera desigualdad, con situaciones precarias o remuneraciones muy bajas en algunos sectores que luego tienen que corregir las prestaciones sociales y las ayudas de las administraciones públicas. Lo segundo es que, en España en general y en Murcia en particular, las administraciones públicas no han contribuido lo suficiente a corregir esa desigualdad.
–¿Y cómo debe abordarse?
-Fundamentalmente, a través de dos mecanismos: con prestaciones y con presión fiscal. Luego hay una tercera dimensión ya más paliativa, que son los servicios públicos. El Estado ha tendido a corregir poco la desigualdad a través de transferencias económicas. Me refiero a prestaciones que van desde el desempleo a rentas mínimas y de ingreso mínimo vital. La solución es una regulación del mercado de trabajo que genere menos desigualdad y un Estado que intervenga de forma más eficaz en las rentas primarias.
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–¿Qué medidas serían para usted prioritarias? Las más eficaces.
-Las que lleven recursos a la parte de abajo de la distribución a los más vulnerables. Eso no lo hemos tenido mucho en España, porque la mayoría de las prestaciones, sobre todo las más generosas, son de carácter contributivo, es decir, que dependen de las cotizaciones que hayas realizado. Si has cotizado poco, probablemente no tengas ni siquiera derecho a recibirla. Es lo que pasa, por ejemplo, con muchos jóvenes o las personas en paro crónico, que normalmente eran protegidas a través de las rentas mínimas autonómicas, que en muchas ocasiones tenían unas cuantías muy bajas. Yo estuve muy involucrado en el diseño del ingreso mínimo vital y le diré que una de las razones por las que creímos que era necesario ponerlo en marcha fueron la bajas prestaciones y la limitada cobertura que ofrecían algunas comunidades. Y entre esas comunidades destacaba Murcia, junto a algunas otras.
–Especialmente preocupantes parecen los datos de pobreza en la infancia.
-Sí. Tenemos tasas de pobreza infantil muy altas porque tenemos políticas públicas muy rácanas con las familias con niños. Hemos mejorado, pero seguimos lejos. Nuestro gasto en ellas viene a estar en el 1,3% del producto interior bruto (PIB), mientras que la media europea se sitúa en el 2,3% o 2,4%. Esto se palía en parte con unos servicios sociales más o menos adecuados en términos de escuela infantil y atención sanitaria, pero hay todavía problemas de acceso a determinados servicios, como los comedores escolares o la atención temprana en situaciones de discapacidad. Tenemos que incrementar el gasto en las familias con niños y ocuparnos más de ellas.
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–Llama la atención la fractura entre norte y sur en términos de pobreza, con niveles mucho más elevados en la zona meridional. ¿A qué lo achaca?
-Entre otras cosas, al tipo de actividades económicas más presentes en el sur que generan más precariedad, más desempleo y más trabajo intermitente. Hablamos de actividades ligadas al turismo, a la construcción o a la agricultura. Luego hay que tener en cuenta que hay comunidades que han prestado menos atención a la población vulnerable. Esto también es determinante.
–¿Cómo valora el recorrido del ingreso mínimo vital?
-Depende de cómo se mire. Por una parte, ha supuesto un salto cualitativo enorme, porque ha permitido duplicar las personas protegidas. Por otro lado, no ha llegado al umbral esperado, que eran entre 800.000 y 900.000 hogares, mientras que ahora estará en torno al medio millón. Las rentas mínimas llegaban a cerca de 200.000. Es cierto que ha habido ciertos problemas burocráticos y de tramitación, eso es innegable y se tiene que avanzar hacia una concesión que sea casi automática.
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–¿Qué papel juega la crisis de vivienda en la cronificación de la pobreza?
-Uno muy importante, fundamentalmente porque la mayoría de las personas del tramo de ingresos más bajo tienen que destinar entre el 40% y 50% de sus recursos a la vivienda y más de otro 20% para alimentación. Cualquiera puede imaginar que lo que queda es insignificante. Los precios de la vivienda repercuten fundamentalmente en las familias más pobres y en los hogares con niños, normalmente encabezados por jóvenes en las primeras etapas del ciclo familiar, que tienen que pagar una hipoteca o un alquiler. En los mayores no tanto, porque el 95% tienen una vivienda en propiedad por la que no tienen que pagar cuando tienen más de 65 años. Ahora estamos viendo que muchos jóvenes van a envejecer sin vivienda, y eso puede ser un problema de futuro.
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