Los pasos de la instrucción judicial: interrogantes y responsabilidades de la tragedia de Teatre

Transcurrido el primer año desde la tragedia, la investigación policial y la instrucción judicial ya han despejado algunos de los muchos de los interrogantes que salieron a la luz entre los rescoldos, pero otros muchos siguen aún encima de la mesa. El quid del asunto no está, únicamente, en determinar cómo se originó y propagó el fatal incendio. Los familiares de las víctimas, personadas a través de diferentes acusaciones particulares, no descansarán hasta que se llegue al fondo del caso para determinar si, como las pesquisas apuntan, aquella noche fallaron numerosas medidas de seguridad; y las circunstancias que permitieron que, incomprensiblemente, siguiesen abiertos al público unos locales que no tenían licencia y sobre los que pesaba una orden de cese de actividad.

Seis personas permanecen investigadas en este caso: Eva Martínez y Juan Inglés Rojo, supuestos responsables de Teatre; Marco Martínez, exgerente y arrendador de este local; Carlos R., organizador de la fiesta que se celebraba en el local aquella noche; Alfonso G., propietario de la máquina de fuego frío; y el gerente de Fonda Milagros, Daniel Ramírez. Todos ellos han desfilado ya ante la magistrada instructora echando balones fuera y arrojándose unos a otros la responsabilidad de la tragedia.

La jueza instructora dio el pasado noviembre un importante paso al dar un carpetazo rotundo a la petición de una de las acusaciones particulares –representada por el abogado José Manuel Muñoz– de abrir una pieza separada contra el Ayuntamiento de Murcia. Esta parte habría reclamado que se investigase si alguien en La Glorieta pudo incurrir en un delito al no haber ejecutado la orden de cierre que pesaba sobre los locales. Una decisión que, entiende esta parte, permitió que esa madrugada del 1 de octubre el pasado año las discotecas de la 'tragedia de Atalayas' estuviesen abiertas. La jueza descartó, no obstante esa posibilidad y remarcó que la situación administrativa de la discoteca Teatre y Fonda Milagros, sea o no ajustada a la normativa, no puede relacionarse sin más con el resultado mortal producido». Este grupo de familiares de las víctimas no están, sin embargo, dispuestos a rendirse tan fácilmente y han recurrido esta decisión ante la Audiencia. El tribunal ha designado al magistrado Augusto Morales como el ponente que deberá pronunciarse sobre esta cuestión. Como telón de fondo aguarda, además, la querella que esta misma parte ha presentado contra el concejal de Urbanismo de Murcia, Antonio Navarro, del PP, y su predecesor, Andrés Guerrero, del PSOE, por presuntamente haber permitido el funcionamiento de los locales.

El abogado Pedro López Graña, que representa a otros allegados a víctimas de la tragedia, perfila, además, los últimos flecos de otra querella en la que también prevé exigir responsabilidad al Consistorio. Es de prever que la jueza instructora aguardará el pronunciamiento de la Audiencia sobre la pieza separada antes de pronunciarse sobre la posible admisión de estas querella que, en el fondo, ahonda en el debate de si existió o no responsabilidad municipal en la catástrofe.

El último paso que ha dado la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia sobre el 'Caso Atalayas' fue la notificación de un auto el pasado jueves 26 de septiembre en el que prorroga seis meses el plazo de instrucción de las diligencias que se siguen por 13 homicidios imprudentes en las discotecas.

La magistrada tomó esta decisión, tras escuchar las alegaciones de las partes, al estar próximo a expirar el plazo máximo de instrucción de un año, que comprendía hasta el 1 de octubre de 2024, «y siendo previsible la posibilidad de tener que acordarse nuevas diligencias». En la resolución, la instructora explica que recientemente la perito arquitecto ha aceptado el cargo para elaborar el informe técnico sobre las medidas de seguridad contra incendios y evacuación de las naves donde tuvo lugar del siniestro. También se ha designado al perito ingeniero que debe elaborar el informe pericial sobre las máquinas de chispas «cuyo manejo indiciariamente fue una de las concausas determinantes del incendio objeto de investigación en los presentes autos», expone el auto.

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