La pandemia obligó a la Comunidad a modificar más de 700 veces el Presupuesto en un año

Un dato revelador de lo que supuso la aparición de la covid en el área financiera de la Comunidad son las 737 modificaciones de crédito que se aprobaron en el año 2020, cuyo importe total ascendió a 1.425,3 millones de euros. En comparación con un ejercicio normal, como fue el de 2019, las modificaciones presupuestarias se dispararon un 287%. Teniendo en cuenta, además, que las medidas empezaron a adoptarse a partir del primer estado de alarma, decretado el 15 de marzo, resulta una media de 2,5 modificaciones presupuestarias por día las realizadas por la Consejería de Hacienda, entonces en manos de Javier Celdrán.

Esta semana han desaparecido algunos de los últimos vestigios que quedaban de aquella dramática época, como el uso obligatorio de las mascarillas en farmacias y hospitales, pero las secuelas que produjo en la sociedad y la economía la peor crisis sanitaria de los últimos cien años tardarán en desaparecer.

El Tribunal de Cuentas admite en su informe que buena parte de los ajustes presupuestarios se debieron a la necesidad de hacer frente a la covid; incluso expone algunos cambios legislativos aprobados con carácter extraordinario para flexibilizar y agilizar las maniobras presupuestarias necesarias para responder a la pandemia. El propio Gobierno central dejó en suspenso el cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de las autonomías.

Aun así, el órgano fiscalizador reprocha a la Comunidad que «no desarrollara instrucciones para el seguimiento e identificación de las partidas presupuestarias de gasto acometidas como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública provocada por la covid-19».

La mayor parte de las modificaciones presupuestarias realizadas durante 2020 (en concreto 634 de las 737) estuvieron motivadas para incorporar las transferencias de fondos percibidas por la Comunidad y las realizadas por esta a alguno de sus organismos, principalmente el Servicio Murciano de Salud, que gestiona los hospitales, y el Instituto Murciano de Acción Social, responsable de las residencias de mayores.

El informe del Tribunal de Cuentas precisa que la Comunidad Autónoma percibió a lo largo de 2020 un total de 623,5 millones de euros del Gobierno central para hacer frente al coronavirus, bien a través de ayudas o subvenciones no reintegrables o del Fondo Covid que se creó para atender las necesidades de las administraciones regionales derivadas de la pandemia.

La crisis sanitaria trastocó por completo los presupuestos de la Comunidad de 2020, que en el momento de su aprobación ascendían a 6.071,7 millones de euros, incluyendo a los organismos autónomos dependientes, pero cuya liquidación, tras contabilizar todos los cambios realizados, reconocía unos derechos netos de 7.044,8 millones de euros. Y ello a pesar del hundimiento de los ingresos fiscales a causa de del frenazo en seco que sufrió la economía durante la pandemia.

El informe del órgano fiscalizador de las cuentas públicas refiere que la recaudación de los tributos propios de la Comunidad se redujo en 2020 un 48,9% con respecto a lo presupuestado, mientras que el capítulo de 'tasas, precios públicos y otros ingresos' se quedó en 53,5 millones por debajo de lo previsto inicialmente.

Las aportaciones del Estado para cubrir el sobregasto que generó la covid no debieron ser suficientes, puesto que la Consejería de Hacienda tuvo que recurrir también al endeudamiento para hacerle frente. El Tribunal explica, al respecto, que «los recursos por pasivos financieros se incrementaron en 2020 un 73% respecto al ejercicio anterior, al haberse registrado derechos reconocidos por 2.571,5 millones de euros, debido a nuevas formalizaciones de préstamos a largo plazo y a disposiciones adicionales de préstamos existentes».

Fruto quizás de la vorágine financiera a que dio lugar el coronavirus, el Tribunal de Cuentas expone que «el resultado presupuestario de la Administración general está sobrevalorado en 429,4 millones de euros, como consecuencia de las obligaciones y derechos imputados por defecto o en exceso».