Tiran un viejo prostíbulo de Santomera donde se hacinaban 23 inmigrantes

«En Santomera no hay lugar para las mafias ni para los delincuentes». De esta forma resumió ayer el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, el espíritu que mueve al Ayuntamiento en su actual campaña de erradicación de las 'casas patera' y de lucha contra el aumento de la inmigración irregular y contra las redes de explotación de extranjeros, que ayer tuvo un nuevo avance con el derribo del antiguo prostíbulo Bar Mary, situado entre el núcleo urbano y El Siscar, junto a la carretera N-340. En el inmueble, declarado en estado de ruina por los servicios urbanísticos municipales, se hacinaban veintitrés inmigrantes, en su mayoría de origen argelino.

Así lo aseguraron ayer a LA VERDAD fuentes del Consistorio, tras una intervención realizada por la mañana y en la que participaron agentes de la Policía Local. Estos funcionarios municipales inspeccionaron el interior y recibieron apoyo de efectivos de la Guardia Civil, que identificaron a los extranjeros y que, conforme al protocolo, remitirán la información sobre la situación de estas personas a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

«En la actuación, en la que participó también el Servicio de Inspección Urbanística, se identificó a veintitrés personas para comprobar su situación legal en España. Los inmigrantes ocupaban este local, viviendo hacinados e incumpliendo las condiciones de habitabilidad y de salubridad», indicaron en el Consistorio. Tanto en el interior como en los alrededores, cerca de un bancal, había colchones, muebles y electrodomésticos, entre ellos frigoríficos y microondas. Los inquilinos utilizaban también el exterior para tender ropa.

Ya en marzo pasado, la Policía Local y la Policía Nacional llevaron a cabo un dispositivo en este antiguo local de prostitución, que se saldó con la detención de 21 inmigrantes, que vivían también hacinados en este lugar. Entonces, se iniciaron los expedientes sancionadores contra estas personas, por estancia irregular en nuestro país, tal y como recoge la ley de extranjería.

Las fuentes consultadas señalaron que la catalogación del viejo prostíbulo –una construcción de planta baja– como amenazado de ruina adquirió firmeza la semana pasada, tras la correspondiente resolución de la última Junta de Gobierno.

Acerca de la demolición y de la inspección llevada a cabo por la Policía Local, el alcalde manifestó a este diario que el equipo de gobierno está decidido a garantizar el cumplimiento de la legalidad, la seguridad y la convivencia vecinal, en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. «Seguimos actuando con toda la contundencia que nos permite la ley para luchar contra las mafias y delincuentes que gestionan estos 'pisos patera', tras la detección del aumento de la inmigración irregular en nuestro municipio», afirmó el primer edil.

En las últimas semanas, esta unidad ha coordinado tres desalojos de lugares que incumplían estas condiciones, «restableciendo el uso de los mismos e identificando a inmigrantes en situación irregular». El 31 de octubre, como adelantó este diario, la Policía Local y Urbanismo intervinieron en un 'piso patera' situado en un local de la calle Camino de la Mina. Tras acceder al bajo, los agentes identificaron en su interior a ocho inmigrantes en situación irregular, que malvivían allí. Ninguno de ellos fue detenido, ya que todos cuentan con un expediente de expulsión abierto, tal y como establece la ley de extranjería. Los efectivos sí abrieron un expediente administrativo contra el propietario del local.

En los últimos meses, los ayuntamientos de la Región han aumentado las peticiones para que la Policía Nacional actúe contra el aumento de inmigrantes irregulares y de los 'pisos patera'. Y, según ha admitido la Delegación del Gobierno en la Región, el conflicto diplomático con Argelia por el cambio de posición del Gobierno español respecto al plan de Marruecos para el Sáhara, ha frenado las devoluciones de irregulares desde marzo de 2022. La Delegación no ofreció datos, pero fuentes de toda solvencia indicaron que en los últimos cuatro años la Policía ha tramitado más de 8.000 órdenes de expulsión y que apenas se han ejecutado un 10% de ellas, debido a problemas con Marruecos y Argelia.

El alcalde, Víctor Martínez, manifestó que un objetivo del Ayuntamiento de Santomera es «prevenir el empadronamiento fraudulento y garantizar la legalidad y seguridad en el registro de residentes». Realiza «inspecciones en inmuebles en los que se sospecha que existen inmigrantes empadronados de manera ilegal». Y realiza «una evaluación urbanística para comprobar que los espacios reúnen condiciones óptimas de habitabilidad y salubridad». El Consistorio activó en marzo una ordenanza más restrictiva del padrón, tras detectar abusos. Y ha reforzado la lucha contra la ocupación de casas, que «altera la convivencia vecinal en El Siscar y otras zonas».

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