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La clausura y restauración ambiental de balsas mineras y terrenos contaminados por este tipo de residuos en la zona de Portmán, en el municipio de La Unión, y en áreas de Cartagena situadas también en la vertiente mediterránea, como El Gorguel, sigue en punto ... muerto. No hay fecha para la realización de ningún proyecto por parte de empresas y de particulares, ni tampoco por parte de la Comunidad Autónoma, que se limita a tramitar desde hace años expedientes administrativos para forzar las intervenciones privadas y condiciona toda intervención a su cargo a que el Gobierno de España le conceda ayudas.
En la cuenca del Mar Menor, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) transfirió a la Comunidad 4 millones de euros para financiar el 80% del coste del sellado de la balsa El Lirio, junto a La Manga Club. Además, iniciará en mayo la recuperación de terrenos en Llano del Beal. Pero las actuaciones públicas en el área mediterránea siguen en segundo plano ante la falta de inversión regional.
A preguntas de LA VERDAD, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor indicaron que la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera «ha requerido las correspondientes actuaciones» a «los antiguos productores» de los residuos o a los «actuales propietarios de los terrenos» donde estaban las explotaciones mineras o las escombreras de desechos.
Y, respecto a la posibilidad de recurrir a la vía de la ejecución subsidiaria, por la que la Administración asume las obras y pasa luego la factura a productores o titulares de las fincas, la Dirección General, que tiene al frente a Federico Miralles, está a la espera de la contestación del Ministerio a una comunicación que le remitió en junio de 2022. «Enviamos un escrito al Miteco por si pudiesen constituir fondos para desarrollar proyectos como en el caso del Mar Menor. A día de hoy, seguimos sin respuesta», señalaron.
Como publicó este diario en febrero de 2023, la Comunidad se dirigió a Transición Ecológica «atendiendo al ofrecimiento» del Ministerio que dirige Teresa Ribera. El entonces director general, Horacio Sánchez, explicó que el Gobierno de la Región trasladó a Madrid un listado de lugares susceptibles de intervención. Hay zonas que despiertan la «inquietud de asociaciones vecinales y comarcales de las poblaciones próximas», declaró Sánchez sobre los riesgos para la salud pública, en especial de los menores, y para el medio ambiente por la dispersión de metales pesados –como plomo, cadmio, zinc y arsénico–. Ello, por efecto de la lluvia y del viento.
Sánchez citó «los residuos de fundición (gacheros) de las inmediaciones del colegio público Santiago Apóstol; el Lavadero Roberto, con la zona de molienda, las balsas de concentrado de pirita y las fundiciones anexas; y el Parque Miguel Santana». La propuesta autonómica también recogió trece pantanos de residuos y 37 escombreras de La Unión y de Cartagena.
A pesar de ser preguntado por «el área de Portmán», lo que incluye la presencia de residuos con metales pesados en pleno casco urbano, en la Dirección General contestaron a este periódico: «En la zona de la bahía de Portmán no hay explotaciones mineras que restaurar, solamente hay algunos depósitos de residuos mineros» cuya restauración no le corresponde, salvo por ejecución subsidiaria, dadas sus competencias.
«En el Gobierno regional estamos plenamente sensibilizados con la zona de Portmán. Prueba de ello es que estuvimos en el Senado para presentar el corto documental 'Portmán. Punto y Seguido'», añadieron sacando a colación su exigencia de que el Ministerio retome la regeneración de la bahía llena de restos mineros.
En la Consejería añadieron que en septiembre hubo una reunión con representantes de la plataforma 'Portmán vivo' «y, entre las diversas cuestiones que se abordaron, estaban las posibles ayudas del Ministerio para poder restaurar los espacios afectados por la actividad minera». «En concreto, nos comentaban el agravio comparativo existente con respecto a la restauración de la cuenca vertiente al Mar Menor», añadieron.
Fuentes del Ministerio exigieron a la Comunidad que ejerza sus competencias y recordaron que han otorgado a la Región 7 millones de euros para ejecutar sellados: 4 millones para El Lirio y 3 millones para dos balsas de Mazarrón. Además, han presupuestado 40 millones para actuaciones en depósitos y suelos de la Sierra de Cartagena y La Unión en la cuenca del Mar Menor y otros 30 para ramblas que desembocan en él».
En marzo de 2019, la Asamblea Regional aprobó las conclusiones de la Ponencia sobre la problemática socioambiental de la Sierra Minera de La Unión y Cartagena. Dos propuestas fueron la «elaboración urgente de un plan de intervención sobre los antiguos depósitos de lodos y escombreras de residuos tóxicos y peligrosos provenientes de la minería metálica en la Sierra Minera» y «adoptar las medidas necesarias para que todos los centros escolares de la Sierra Minera, así como los parques y áreas de juego, estén lo menos expuestos posible a la contaminación por metales pesados y metaloides». Citó el colegio Santiago Apóstol, de Portmán. Hasta ahora, se ha actuado en centros de Llano del Beal, Estrecho de San Ginés y La Unión. Una vía para intervenir es el Plan de Restauración de Suelos Afectados por la Minería (Prasam), aún sin fecha de aprobación. El Gobierno regional lo anunció en 2018 y señaló la inversión de 85 millones de euros en 10 años.
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