Quince familias desalojadas de un edificio que okupaban salen a la calle a protestar contra el Ayuntamiento de Lorquí

El desalojo de quince familias de un edificio situado en la calle Virgen del Rosario, en Lorquí, va camino de convertirse en un problema de seguridad ciudadana y no se descarta que tengan que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «El Ayuntamiento ha hecho todo lo que está en nuestra mano y el precinto del edificio se hizo para salvaguardar vidas», afirma con contundencia el alcalde ilorcitano, Joaquín Hernández.

El edificio, propiedad de la Sareb, está ocupado por unas quince familias. Pero uno de los vecinos, Pepe, ha indicado a LA VERDAD que «algunos son propietarios, otros inquilinos y a otros les dio las llaves el arquitecto del edificio». Esta circunstancia la desmiente el Consistorio, que tiene claro que los pisos están okupados desde hace meses.

El martes por la tarde todos los vecinos tuvieron que salir de sus viviendas porque los sótanos del inmueble quedaron anegados por la rotura de una bomba de agua, lo que podría derivar en graves daños en la estructura del edificio. Efectivos de bomberos acudieron al lugar para extraer agua, y también se personó una patrulla de agentes de Policía Local.

Lo que parecía que iba a ser un desalojo provisional se convirtió, con el paso de las horas, en una concentración de protesta vecinal. Y es que después la Policía Local precintó el edificio por razones de seguridad, por orden del alcalde y previo informe del arquitecto municipal, que recomendaba el desalojo para «salvaguardar la vida de los residentes», insistió el alcalde, Joaquín Hernández. Ante el tono desafiante de la protesta de los vecinos, que profirieron gritos e insultos contra el alcalde, hubo que reforzar la presencia con más agentes locales y Guardia Civil.

Tras la inundación, el edificio, construido hace unos veinte años, puede sufrir un grave deterioro con el riesgo que conlleva para la seguridad de los inquilinos y el Ayuntamiento actuó en consecuencia. Joaquín Hernández afirma que el edificio no es municipal, sino de propiedad privada, por lo que el Consistorio no puede llevar a cabo otro tipo de actuaciones, salvo las que han realizado en las últimas horas. Por un lado, el Ayuntamiento y Cruz Roja ofrecieron a los vecinos las instalaciones de un pabellón deportivo para pasar la noche del martes.

« A las tres y media de la madrugada nos llevaron al pabellón y los crios pasando frio en la calle hasta esa hora», afirma indignado el portavoz de las familias. Y añade que «mi abogado va a presentar denuncia porque la policía y el Ayuntamiento no tenían informe de orden de derribo». «Es un abuso», apostilla.

En la mañana de este miércoles el alcalde, acompañado por responsables de Servicios Sociales y Policía Local, mantuvo una reunión con dos representantes de las familias, mientras el resto de vecinos se concentró en la puerta del Ayuntamiento. El regidor ilorcitano les explicó la situación de riesgo que representa permanecer en estas viviendas y les ofreció todos los recursos municipales que están al alcance de la administración local, es decir, las ayudas de Servicios Sociales, de Cáritas e, incluso, les propuso estancia en un hotel para alojar a las familias damnificadas. Además, se les ofreció nuevamente pasar la noche en el pabellón.

«Pero no aceptan los recusos que les ofrecemos. Al parecer, su objetivo debe ser otro», declara Joaquín Hernández. También se les advirtió que los niños no pueden dormir en la calle o, de lo contrario, tendría que intervenir la Fiscalía de menores. Muchos de los vecinos okupas tienen famlias en Lorquí y en otros municipios limítrofes, según comentan otros vecinos del pueblo.

Las familias desalojadas por el precinto del inmueble quieren volver a ocupar sus pisos y advierten que continuarán con sus protestas en la puerta del Ayuntamiento. Pero el regreso a las viviendas puede durar meses, mientras no se pueda garantizar la total seguridad en la estructura del inmueble

De persistir en esta actitud, los acontecimientos podrían derivar en problemas de seguridad ciudadana y y ello oblgaría a alertar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según el alcalde, ya que el Ayuntamiento «ha hecho todo lo que es posible dentro de nuestras competencias». Por otro lado, Joaquín Hernández ha indicado que su familia y él están sufriendo escraches por parte de algunos vecinos del edificio en cuestión, por lo que informó a LA VERDAD que iba a presentar denuncia ante la Guardia Civil.

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