El plan de Miras para la Marina de El Carmolí sigue sin fecha y se atasca en un hangar

Se trataba de intervenir en «un ecosistema único en el mundo y evitar las presiones humanas en este entorno privilegiado», protegido ya entonces por normativas urbanísticas y ambientales municipales, nacionales e internacionales y que cumple ya funciones ecológicas. Una de ellas es filtrar el agua cargada de nitratos procedentes de la cuenca vertiente y evitar, con ello, esta contaminación de la laguna. Debido a este funcionamiento natural del humedal, la organización ecologista Anse y otras entidades, además de expertos en medio ambiente, consideran innecesario este proyecto.

Desde 2023, el suelo de la Marina, dividido en 124 parcelas, es propiedad de la Administración regional, que pagó en torno a un millón de euros a particulares y al titular mayoritario: el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, continúan sin fecha de inicio las obras previstas, entre ellas la construcción de una pasarela, de un carril bici y de puntos de observación de las aves y del paisaje; la recuperación de pasos de agua; la señalización del entorno; el levantamiento de la vieja pista; y la remodelación de un antiguo hangar militar, reconvertido en edificio de Aduanas, como punto de información y recepción de visitantes del saladar –y por extensión del Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor– y como centro de interpretación de la Marina.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor se limitaron a confirmar a LA VERDAD que este departamento solicitó en agosto a la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia autorización para actuar en esta zona del litoral oeste de la laguna. Otras fuentes conocedoras del expediente indicaron que la petición a Costas, del Ministerio para la Transición Ecológica, se refiere a instalar un mirador de aves, acometer obras de mejora y restauración de hábitats (como actuar en zonas de encharcamiento y retirar vegetación exótica) y colocar un vallado en torno al antiguo hangar del hovercraft VCA-36 de la Armada, vehículo anfibio cuyo uso ensayó y descartó el Ejército.

El Gobierno central ha pedido aclaraciones al regional, porque esa misma petición de vallado la formuló en diciembre la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida entonces por José Ángel Antelo. El líder provincial de Vox era también vicepresidente de la Comunidad y la solicitud fue aceptada para «evitar riesgos sobre las personas», según fuentes autonómicas. También se autorizó la colocación de cartelería de prohibición de acceso, entre otras cosas, para que la zona no se emplee para hacer derrapes y trompos con coches particulares. El edificio data de 1985 y está muy deteriorado. Precisamente, las dudas sobre el futuro de esta nave, que albergó el único anfipuerto de España (en terrenos cedidos por el Ejército del Aire a la Armada), también demoran el plan presidencial.

El Ayuntamiento cartagenero tramita un expediente de demolición del viejo hangar, que según los técnicos de Urbanismo está en estado de ruina y que el Pleno municipal instó por unanimidad a derruir (previa moción de MC). Pero la Comunidad, en la etapa de gobierno de Antelo, presentó un recurso contra el derribo. Negó que el inmueble esté en situación ruinosa y sostuvo su intención de repararlo y darle uso.

Tras salir Vox del Ejecutivo, en julio, las competencias de Ordenación del Territorio volvieron a la Consejería de Fomento e Infraestructuras. Fuentes de esta Consejería explicaron que «el nuevo equipo de Fomento», dirigido por Jorge García Montoro, va a hablar con el Ayuntamiento de Cartagena para acercar posturas y aunar los intereses de ambas administraciones». Remarcaron que «el objetivo para esta edificación es su puesta en valor» como centro ambiental y turístico, «dentro del proyecto de renaturalización de El Carmolí».

El uso del antiguo edificio del hovercraft no solo está en entredicho por la declaración municipal de ruina, sino por el nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre de El Carmolí, que está siendo tramitado por Costas en esta zona del litoral ubicada entre Los Urrutias y Los Alcázares. El inmueble, que ocupa ahora la zona de servidumbre de tránsito, pasará en principio a formar parte del dominio público. Y Costas estudiará si permite su uso a la Comunidad o si ordena el derribo. Según fuentes de la Consejería de Fomento, la Comunidad ha presentado alegaciones para que esta nave queda fuera del deslinde. «Actualmente, no se puede realizar ninguna actuación en el edificio sin obtener la concesión previa de la Demarcación de Costas», indican.