El juez da carpetazo a la causa por presunta estafa en un campamento juvenil militar de La Unión

Archivo provisional de la causa. Así lo expresa la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena, en relación a la denuncia presentada en verano de 2015 por 42 padres de jóvenes que estaban participando en un campamento juvenil de índole militar (denominado 'Estol'), en las inmediaciones de polígono industrial de Lo Bolarín, en La Unión. Acusaban a la Asociación Nacional de Veteranos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina de la Armada Española de un presunto delito de estafa por llevar a cabo, «con ánimo de engaño y de lucro ilícito, un campamento cuyas características publicitadas en el folleto informativo no se correspondían a la realidad, sabiendo que no podían cumplir las obligaciones a las que se comprometieron».

En la denuncia señalaban que «el 21 de julio se tuvo conocimiento a través de medios de comunicación y de la Guardia Civil de deficiencias en ese lugar, que no reunía las condiciones de salubridad e higiene debidas, así como de la inexistencia de permiso o licencia del Ayuntamiento de La Unión». El Consistorio, a finales de ese mes, clausuró el campamento e impidió que se reabriera en agosto, puesto que del 1 al 15 estaba previsto una segunda edición.

En su razonamiento, el juzgado no aprecia indicios de la comisión de un delito de estafa bajo el argumento de que «el engaño no es tal, porque la publicidad habla de un estilo de vida cuartelero». La resolución judicial señala, asimismo, que «podría hablarse de estafa si la asociación, a través de su representante legal, hubiera urdido un plan, trama o ardid para cobrar el precio del campamento a sabiendas de que luego no prestarían servicio alguno. Sin embargo, nada de esto ocurre, ni siquiera se invoca por ninguno de los denunciantes».

Sobre la vida de los alumnos en el campamento, el juzgado indica que «tampoco cabe desprender de lo relatado por los denunciantes que sus hijos hayan recibido un trato denigrante o vejatorio; por el contrario, la mayoría de los denunciantes reconocieron que sus hijos recibieron, durante su estancia en el campamento, un trato correcto».

El presidente de la asociación, José Enrique Cuesta, asegura sentirse «satisfecho, pero prudente», puesto que el auto es recurrible. Sobre los hechos, recuerda que aquel verano fue «la octava edición del campamento, sin que nunca antes, ni en las ediciones posteriores, haya ocurrido nada semejante». Lamentó «los enormes daños a la asociación por la repercusión mediática que tuvo, solo soportables por la confianza que nuestros asociados han mostrado en nuestra forma de actuar».

Cuesta puntualiza que «es necesario mencionar la inexplicable actuación llevada a cabo por el instructor de la Guardia Civil, que promovió la intervención del campamento de manera injustificada». Censura «el desamparo al que nos sometió el Ayuntamiento de La Unión y sus responsables, con sus declaraciones ante los medios de comunicación».