Una empresa de Mula amontona 350 toneladas de residuos de plástico en el polígono

Los dueños se sienten «completamente desamparados» por la «pasividad de las administraciones implicadas». Según relatan, el empresario «comenzó pagando regularmente el alquiler y aseguró que se encontraba tramitando permisos ante el Ayuntamiento para instalar en la nave una planta de gestión de residuos de plásticos de los que se utilizan en la agricultura». Sin embargo, tras la denegación de la autorización municipal, «este hombre desapareció del lugar sin previo aviso, dejando el espacio lleno de residuos acumulados que pueden perjudicar al medioambiente», explica Francisca García, quien también subraya que, desde entonces, «hemos intentado, sin éxito, que las administraciones limpien el terreno». No obstante, Pérez ponderó la «voluntad de colaboración del Ayuntamiento en todo momento».

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, considera que la limpieza es una «competencia autonómica». Según argumenta, «no hemos iniciado orden de ejecución porque el Ayuntamiento no es la administración competente para el control y gestión de residuos industriales y porque, de haberlo hecho, ante el incumplimiento del titular, tendríamos que haber retirado y gestionado los residuos nosotros, con el coste que eso conlleva, muy alto y sin garantía de poder recuperarlo».

El regidor explica que la empresa presentó en el registro del Consistorio una declaración responsable para ejercer una actividad de almacenamiento de plásticos industriales en la nave, «pero se le respondió por escrito que esta tramitación no es título habilitante suficiente como para ejercer dicha actividad, ya que son residuos industriales, y, según la ley de residuos y de evaluación ambiental, esta actividad está sujeta a la autorización del Gobierno regional».

Según Moreno, «se le prohibió el ejercicio de la actividad de almacenamiento hasta que no estuviera legalizada por la Consejería, apercibiéndole del precinto de la instalación para evitar que siguiera depositando residuos». El Seprona interpuso una denuncia en febrero, percatándose de que en el lugar se había producido un acopio de grandes cantidades de plásticos que se utilizan en la agricultura como gomas de regadío y mallas antigranizo «sin estar sometidos a algún tratamiento de reciclaje». Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente señalan que no tienen constancia de la existencia de ninguna denuncia interpuesta en la administración regional por este asunto. También indican que el Ayuntamiento de Mula tampoco remitió la denuncia «en febrero, nada más tener conocimiento de los hechos, para poder activar las labores de control y vigilancia».

Las mismas fuentes explican que «esto ha impedido que el Gobierno regional haya podido actuar y tomar medidas frente a esta situación». Desde la Consejería acusan al Consistorio de «intentar ejercer nuestras competencias, como es el requerimiento de cese de la actividad y la retirada de los residuos». La Consejería anuncia que «activará los mecanismos de control y sanción frente a los hechos acaecidos».

La Consejería de Medio Ambiente ha exigido a la empresa Productos Químicos Arques que limpie la nave industrial de Molina de Segura desde la que estuvo vertiendo residuos peligrosos al alcantarillado, tal y como desveló LA VERDAD. El administrador de la mercantil fue condenado a 21 meses de prisión por el Juzgado de Lo Penal número 2 de Murcia por un delito continuado contra el medio ambiente.

La Comunidad ha emplazado a la empresa a que retire los residuos de donde los tiene almacenados. Fuentes de la Consejería explican que, por el momento, no han recibido contestación por parte de la mercantil sobre cómo va a proceder a la eliminación de los residuos. Medio Ambiente remitió el 23 de abril un oficio e informe técnico de valoración de los planes de trabajo presentados por la empresa en los que se comunicó a la compañía que no eran válidos. La empresa debe comunicar con cinco días de antelación cuándo va a iniciar los trabajos de la extracción de los residuos, «pero, hasta la fecha, no han presentado nada», remarcan fuentes de la Consejería. En el oficio remitido a la empresa viene recogido que, en caso de no proceder a la retirada de los residuos, se dará parte a la autoridad judicial competente y se impondrá la sanción correspondiente a la mercantil por su infracción.

Estos hechos se enmarcan en la 'operación Metálica', iniciada en 2014 por agentes del Seprona y que permitió desmantelar una trama dedicada al almacenamiento y posterior vertido ilegal de residuos peligrosos sin tratar en Molina de Segura.