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LA VERDAD
Jueves, 20 de junio 2024, 13:05
La Guardia Civil llevó a cabo varias inspecciones en explotaciones agrícolas y centros de gestión de residuos de Caravaca de la Cruz y Cehegín, dirigidas al control de productos fitosanitarios que pudiesen contener sustancias potencialmente cancerígenas o tóxicas.
La operación se saldó con la detección de 21 irregularidades en materia de residuos, industria, sanidad vegetal y protección ambiental, que fueron puestas en conocimiento de las autoridades administrativas competentes.
La inspección llevada a cabo por el Seprona en una finca agrícola de Caravaca de la Cruz permitió detectar seis infracciones administrativas a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; y a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.
En esta explotación agrícola se almacenaban y depositaban a la intemperie, directamente sobre terrenos sin impermeabilizar, gran cantidad de envases vacíos y productos fitosanitarios en aplicación.
En un centro de gestión de residuos no peligrosos se hallaron, entre otros, aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso almacenados sin reunir condiciones de higiene y seguridad y mezclados con otros tipos de residuos. También se encontró una gran cantidad de envases fitosanitarios y residuos tóxicos y peligrosos.
Esta empresa, además, no contaba con las autorizaciones administrativas necesarias y no disponía de instalaciones con las medidas exigibles para la tenencia y almacenamiento de los residuos, por lo que fue objeto de doce propuestas de sanción en materia de protección ambiental, industria, residuos y sanidad vegetal.
En una explotación agrícola del mismo municipio, de forma similar a lo detectado en la finca de Caravaca de la Cruz, se pudo comprobar la acumulación de envases de diferentes productos fitosanitarios, mezclados con otros tipos de residuos, entre ellos tóxicos y peligrosos. También se detectaron irregularidades tanto en el almacenamiento, como en la gestión de los mismos, siendo un total de tres, las actas-denuncias confeccionados. Los guardias civiles del Seprona también detectaron derrames de estos productos, así como de aceites y filtros de este procedentes, al parecer, de su uso en maquinaria agrícola.
Las irregularidades observadas en las instalaciones inspeccionadas estarían catalogadas como muy graves, en la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, lo que conlleva multas desde 100.000 euros hasta 3.500.000 euros. Una excepción sería si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, en cuyo caso la multa será desde 600.000 euros hasta 3.500.000 euros e inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez.
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