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El Defensor del Pueblo ha decidido dar carpetazo a la queja que el pedáneo de La Copa, José Juan Fernández, interpuso contra el equipo de gobierno de Bullas, presidido por la alcaldesa socialista María Dolores Muñoz –actual presidenta de la Federación de Municipios de la Región (FMRM)–. En concreto, denunciaba que no le informasen de los tramites referentes a su núcleo de población. El ejecutivo local ha celebrado la decisión del Defensor del Pueblo, además de remarcar que, «pese a las dudas que se intentan generar sobre la gestión, se seguirá trabajando como hasta ahora con el objetivo de seguir mejorando el día a día de nuestros vecinos de la pedanía».
El pedáneo de La Copa, por su parte, asegura que ya ha recurrido la decisión de esta institución, «pues no responde a la demanda inicial».
En su misiva al supervisor de las administraciones públicas españolas, el representante copero le informaba de que, «desde la fecha de mi elección y toma de posesión, la alcaldía de Bullas viene, sistemáticamente, eludiendo su obligación de transmitirme toda aquella información relacionada con la pedanía».
Además Fernández denunciaba que «la alcaldía de Bullas, en la situación pandémica actual, me ignora dolosamente en la comunicación oficial en todo lo referente a medidas a tomar e implantar en la pedanía».
La sorpresa del ejecutivo municipal fue mayúscula en su momento, según se reconoció en un comunicado del equipo de gobierno, llegando a afirmar que «no se entendía la razón de dicha queja y también por lo injusto de la situación».
En su contestación al Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento relató «cuál ha sido y es la forma de proceder hacia el Consejo y su presidente». Además, adjuntó los escritos recibidos en el Consistorio de Bullas por parte de tres de los cinco miembros del Consejo de La Copa comunicando «el profundo malestar por las continuas actuaciones por parte del presidente de dicho Consejo», explicaron fuentes municipales.
Finalmente, en días pasados, se volvió a recibir notificación del Defensor del Pueblo comunicando que, una vez recibida y estudiada la información requerida al Ayuntamiento, se daban por finalizadas las actuaciones, por lo que se procedía al consiguiente archivo del expediente que se había abierto.
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