La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reiterado a la sociedad estatal Acuamed la orden de que no suministre agua a aquellas entidades y regantes que no tengan concesiones, según informó ayer el organismo de cuenca en referencia a la desaladora de Valdelentisco. Dicha orden se ha cursado tras la noticia publicada por LA VERDAD de que esta desaladora vendió agua a 22 explotaciones que ha sancionado la CHS por regadío ilegal en el entorno del Mar Menor.
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La Fiscalía tiene al parecer conocimiento de este requerimiento de la Comisaría de Aguas. La Confederación indicó que quienes tengan autorización podrán seguir recibiendo agua de Valdelentisco, pero no aquellos que hayan sido expedientados, aunque no pudo precisar la cifra.
Los sancionados por regadío ilegal, que están obligados a restituir los cultivos a su estado original, han alegado que Acuamed les seguía vendiendo agua, lo cual puede haber motivado la actuación de la Comisaría. ANSE y WWF denunciaron en 2018 la venta de agua desalada a regadíos ilegales junto al Mar Menor por parte de la sociedad estatal.
Los sancionados por la Confederación alegan que la sociedad estatal les sigue vendiendo caudales de la desalación
La desaladora de Valdelentisco tenía en el año 2019 una capacidad de 42 hectómetros, de los que 30 correspondían a usuarios antiguos y nuevos con autorizaciones provisionales. Aquellos que no tenían autorización recibían al parecer los sobrantes de producción, cuando los había.
Plan contra inundaciones
Ecologistas en Acción, por otra parte, ha presentado alegaciones al borrador de Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la Demarcación del Segura. Considera que presenta «un enfoque obsoleto, con carencias importantes que siguen sin dar respuesta a las principales causas del incremento de los daños por inundación». Sostiene que las medidas de ordenación territorial y urbanística, para impedir la ocupación de zonas inundables, «siguen recibiendo una atención marginal».
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Opina, asimismo, que el plan sigue manteniendo un enfoque «caduco, centrado en las obras hidráulicas (como presas, canalizaciones y diques), que se llevan dos tercios del presupuesto total. Esto lo aleja de la Directiva de Inundaciones».
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